Ayer lunes la presidenta de la Comisión para la Probidad e Integridad, María Jaraquemada, entregó un balance sobre las primeras reuniones de la instancia, a 10 días de su primera sesión. El organismo, convocado por el gobierno después de que salieran a la luz los líos de platas que involucran al oficialismo, en específico, a militantes de Revolución Democrática, tiene un plazo de 45 días para entregar recomendaciones.
Jaraquemada informó que, hasta el momento, han escuchado a distintas instituciones del Estado y a personas que han colaborado con el Estado "para entender de mejor modo cómo funciona el financiamiento de estas fundaciones y corporaciones cuando prestan servicios públicos, los sistemas de transferencia del Estado".
También comentó que recibieron propuestas de representantes internacionales, como la División de Gobierno Digital y de Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La presidenta de la instancia adelantó que durante la jornada de ayer tendrían un encuentro con el director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett; con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y con el Consejo de Defensa del Estado. Además, señaló que se reunirán con distintas organizaciones de la sociedad civil. "Hemos recibido alrededor de 40 propuestas de ciudadanía, de academia, distintas organizaciones que también vamos a estar considerando en este proceso", señaló.
En relación a las propuestas que han sido entregadas a la Comisión para la Probidad e Integridad, Jaraquemada afirmó que están procesando las que les han llegado, y que muchas de ellas tienen que ver con cómo las organizaciones deberían actuar o transparentar el financiamiento que reciben.
"Muchas veces lo que se nos ha señalado es que la rendición de cuentas depende de la entidad que otorga el financiamiento y, por lo tanto, hay distintos estándares, distintos formatos. Y lo que se trata de hacer es uniformar los formatos para que sea más sencillo de procesar la información y también que esa información se pueda transparentar ante la ciudadanía", explicó.
Otro de los aspectos tiene que ver con que "muchas veces hay dispersión de institucionalidad, dispersión de normativas, dispersión de registros, y quizás podríamos tratar de pensar en tener un sistema (...) que converse de mejor modo".
De acuerdo a la abogada, muchas veces dicha dispersión "dificulta no solo el trabajo de la sociedad civil, sino que también el control que pueda hacer Contraloría General de la República o incluso la Cámara de Diputados y Diputadas".
"Por lo tanto, yo creo que se pueden modernizar los procesos, se pueden modernizar los registros y también es importante que mucha de la información que quizás se tiene desde el Estado se pueda poner a disposición de mejor manera para la ciudadanía y los medios de comunicación", añadió.