Una valoración de las medidas planteadas por Hacienda para combatir la informalidad se percibió entre expertos que han seguido las tratativas del Gobierno, el sector empresarial y la oposición para lograr un pacto fiscal. Pero no ocurrió lo mismo sobre el mecanismo propuesto para hacer aplicable por el Servicio de Impuestos Internos (SII) la Norma General Antielusión (NGA).

De hecho, el socio líder de Consultoría Tributaria en KPMG Chile, Andrés Martínez, dice que contar con un consejo asesor consultivo al SII 'que sea realmente considerado ayuda en pos de dicho objetivo' de equilibrar la fiscalización con el resguardo de los derechos de los contribuyentes.

La socia del estudio Palma, Soledad Diharasarri, pone el foco en las medidas contra la evasión y la elusión, pero siempre y cuando logren 'garantizar a los contribuyentes todas aquellas garantías y resguardos frente a la administración fiscal', así como asegurar el debido proceso y la defensa.

No obstante, el socio de Recabarren & Asociados, Ignacio Iriarte, echó de menos el establecimiento de 'garantes internos en el SII' para la aplicación de la NGA, algo así como una especie de oficiales de cumplimiento que analicen su aplicación y respeto de los derechos de los contribuyentes. En esta misma línea, extrañó una 'ampliación de las facultades de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) para que puedan asumir la representación judicial, bajo ciertos requisitos o supuestos, de personas naturales o sociedades en régimen Propyme'.

Una idea similar plantea el socio de Moraga & Cía., Álvaro Moraga: 'El proyecto busca fortalecer al SII en circunstancias que lo que debería fortalecerse es la Dedecon'.

Hoy, la definición de 'elusión' en el Código Tributario es muy 'amplia', postula el director de Litigios y Controversias en Cabello Abogados Tributarios, Michel Aguilera, por lo cual considera que puede caer en 'arbitrariedades' la aplicación administrativa de la NGA: 'Lo recomendable sería establecer un procedimiento administrativo especial donde la ley regule detalladamente cada una de sus etapas y que, además, establezca límites claros al órgano fiscalizador', plantea.

Esto último trae consigo una serie de preguntas del cómo se aplicará la norma y cuáles serán las interpretaciones que dará el SII a las normas, señala el gerente de Estrategia Tributaria de AK Contadores, Ricardo Cid: 'Tomando en cuenta que el servicio históricamente ha hecho interpretaciones de las normas que son cuestionables en su facultad como ente fiscalizador, se ve más compleja aún su aplicación

Combate la informalidad

El socio adjunto de Impuestos de EY Chile, Víctor Fenner, destaca la idea de establecer que los proveedores de Puntos de Venta (POS, por su sigla en inglés) deban exigir a sus clientes inicio de actividades para contratar sus servicios; que los importadores que internen bienes sobre determinado monto deban hacer lo propio; que deban nominalizarse las boletas de altos montos; y que el SII pueda implementar sistema de trazabilidad adicionales.

'Sancionar como delito el transporte y almacenamiento de bienes que no hayan cumplido con sus obligaciones tributarias también va en la dirección correcta, ya que es un primer paso para atacar toda la cadena de distribución del comercio ilegal, no sólo el eslabón final que vende a público', recalca.

La creación del 'denunciante anónimo tributario' debe venir acompañado también de un marco legal 'adecuado' que resguarde los derechos del contribuyente, el debido proceso y sancione 'severamente' a quien haga un mal uso de esta figura, inhibiendo de esa forma su uso indiscriminado, postula el director del Área Tributaria y socio de Arteaga Gorziglia, Andrés Ossandón.

'A su vez, esta figura supondrá la entrega al SII de una mayor cantidad de información interna y delicada de los contribuyentes, respecto de la cual el SII deberá adoptar las medidas y resguardos correspondientes para mantener la confidencialidad y verificar la denuncia realizada', recalca.