La industria aérea local está en alerta por una eventual mayor carga tributaria en el sector, a raíz del proyecto de ley que viene trabajando el Gobierno para fijar un impuesto correctivo en el rubro. Ante este panorama, las principales aerolíneas del país, a nivel individual y gremial, están desplegando un fuerte lobby con autoridades y asesores de Gobierno para frenar la idea de una afectación con este tributo a la aviación.
El Ejecutivo aún no ha presentado la propuesta en el Congreso, aunque originalmente se esperaba para fines del año pasado. La iniciativa de “impuestos verdes” consideraría —entre otros temas— gravar el uso de combustible de aviación, pero sin fines recaudatorios, según ha señalado el Gobierno.
Reuniones
En el rubro aéreo han manifestado sus inquietudes a las autoridades sobre este proyecto. El 12 de julio, Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines, y otros representantes de la firma tuvieron una audiencia vía Ley de Lobby con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El motivo: presentar consideraciones sobre las políticas públicas que apoyen la descarbonización de la industria aérea.
No han sido los únicos que han acudido al Ejecutivo. Según la plataforma de Ley de Lobby, a fines de junio Holger Paulmann, presidente ejecutivo de SKY, presentó al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, la “evaluación y efectos sobre el sector del transporte en el marco del proyecto de impuestos verdes a la industria aeronáutica”.
A mediados del mes pasado, Pedro Asenjo, country manager de Chile en JetSmart, se juntó con el co-coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, Nicolás Bohme, para abordar el “proyecto de ley impuestos correctivos”. Asimismo, representantes de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) y del gremio internacional de aerolíneas IATA han solicitado reuniones con autoridades para entregar su visión en torno al tema.
Impacto
Actores del negocio aéreo sostienen que, en el caso de prosperar este impuesto correctivo, el impacto se reflejará en los precios finales de tickets de los vuelos. El combustible representa entre un 30% y un 40% del costo de operación en la industria.
“Nosotros estimamos que con los precios actuales del combustible, podría implicar un alza de entre un 20% y un 25% de los precios, y eso limitaría totalmente la operación”, dijo Holger Paulmann. “(Este impuesto) frenaría la demanda, y al que más impactará es al cliente”, agregó.
“Hay que tener conciencia de que si esta iniciativa no la ejecutamos bien, probablemente no se moverá en la dirección correcta”, señaló. “Acá también tenemos que ver cómo podemos diseñar una estrategia, mediante algún tipo de incentivo o impuesto que tenga un impacto mayor en lo que es la flota de la generación antigua. El tema no es simplemente llegar y fijar un impuesto, sino que también deben generarse incentivos para que los operadores también quieran cambiar la flota”, afirmó, tras la presentación del reporte de sostenibilidad de SKY ayer en el Hotel NOI.
En Achila —que reúne a firmas como Latam, JetSmart, SKY, y Delta— afirmaron que esta medida es “regresiva”, ya que “no es viable que este impuesto sea internalizado por las aerolíneas”.
“Vemos con inquietud la idea de establecer un impuesto al combustible para los vuelos nacionales, pues el efecto sería contrario a la recuperación de la pandemia”, indicó Carolina Simonetti, gerente general del gremio. Agregó que un aumento del valor de los pasajes “afectará particularmente a quienes utilizan el transporte aéreo hacia y desde las zonas extremas e insulares, que no cuentan con alternativas de transporte competitivas y dificultará el acceso a volar de la población”.
“La industria aérea viene saliendo recién de una de sus crisis más graves tras la pandemia, por lo que confiamos en que se reevaluará esta iniciativa, ya que tenemos la convicción de que las autoridades quieren fortalecer la conectividad del país y no debilitarla”, añadió.