En 2020, debido a la emergencia sanitaria y como el cuestionario se aplicó de forma telefónica, la Encuesta Casen no midió elementos que hasta 2017 habían permitido cuantificar el déficit habitacional. Así, la cifra oficial que se usó por un largo tiempo fue la que arrojó la edición efectuada hace ya seis años: 497.615 hogares.
Con todo, desde hace meses, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo maneja otra cantidad (643.534), que ha utilizado para generar el Plan de Emergencia Habitacional, que busca entregar 260 mil soluciones al final de este gobierno.
En parte, la diferencia se da por el complejo escenario observado en los años recientes (estallido, pandemia, masiva inmigración, bajo crecimiento económico) y porque en la cifra de la Encuesta Casen no se consideran varios grupos de la población que son directamente afectados por la falta de vivienda; por ejemplo, personas en situación de calle o habitantes de campamentos.
A partir de eso, Felipe Arteaga, académico de la Escuela de Arquitectura de la U. Finis Terrae, planteó en Cartas al Director de 'El Mercurio' que la metodología que se utiliza para medir el déficit habitacional debería ser actualizada, precisamente para que las políticas públicas logren llegar a esos y otros grupos.
'Han pasado 20 años desde que existe esta medición y en ese tiempo la población ha cambiado en múltiples factores, lo que obliga a que la metodología se actualice: los hogares son más pequeños, el arriendo ha crecido bastante, los precios de las viviendas han aumentado en mayor medida que los ingresos de las personas', comenta.
'También, el ministerio ya no tiene los mismos programas que tenía antes, que eran más focalizados justamente en las personas que, según la metodología, requieren una vivienda. Hoy, el ministerio tiene un montón de programas que resuelven problemas para la clase media y que no tienen directa relación con el déficit, por ejemplo, el subsidio de arriendo', dice.
El también exconsejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano añade que en la actual medición se consideran tres grupos: familias que habitan viviendas irrecuperables, hogares allegados y hogares allegados que además viven hacinados.
Arteaga ejemplifica que son varios los grupos excluidos de la medición, como 'hacinados que no pueden resolver con la otra oferta ministerial su problema de vivienda; las personas en situación de calle; los campamentos; las personas que arriendan, pero que tienen una situación económica de vulnerabilidad', entre otros.
Luis Fuentes, experto en crecimiento urbano e investigador principal del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus), coincide en que la metodología 'necesita ser actualizada para poder calcular la demanda habitacional que existe hoy en el país'.
De aplicarse las mejoras, señala, 'probablemente el déficit sería más alto de lo que se considera, porque, por ejemplo, también tenemos problemas para definir los problemas dentro de las viviendas, o las viviendas que tienen deficiencias o problemas que pueden ser recuperables. También está la definición de lo que es una vivienda adecuada, que tampoco está en nuestra legislación'.
Mónica Bustos, académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile, postula que 'no todo tiene que ser medible, cuantificable; no creo que todo funcione en el sentido de medir, creo que falta también una perspectiva de lo cualitativo. Porque si no, vamos a seguir construyendo las torres de Estación Central y vamos a seguir construyendo en Bajos de Mena. Entonces, no puede ser'.
Aun con esa mirada, considera 'necesario actualizar. Sería interesante poder cambiar ese tipo de medición. Hay una medición también de las personas que pueden acceder a crédito hipotecario que, en el fondo, pertenecen a un nivel socioeconómico medio o medio-bajo, y desde ahí se mide, desde el que tiene capacidad de ahorro. Pero no las personas que viven en condición de calle o en tomas o en campamentos; entonces, sin duda, quedan fuera'.
Para Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, 'se necesita tener instrumentos y metodologías consensuados por distintos actores y liderados por el Estado'. Y pese a que valora la Encuesta Casen, afirma que 'al ser un muestreo nacional no logra representar, o subrepresenta, la población que está viviendo en situación de campamento o en situación de calle. A esa población se tiene que acceder con otro tipo de instrumentos, como los catastros de campamentos y el Registro Social de Hogares'.
Menciona que si se incorporan esos datos en el análisis del déficit habitacional, según los cálculos de Déficit Cero con los datos de la Casen 2022, el déficit habitacional bordea las 660 mil viviendas.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) señala que 'en septiembre tendremos los datos de déficit estimados utilizando Casen 2022, lo que sin duda nos permitirá contar con nueva información para enriquecer nuestras políticas públicas. En lo inmediato, en el Plan de Emergencia Habitacional al 2025, el Minvu estimó una demanda proyectada inicial de 643.534 viviendas', cifra que 'es resultado de una metodología que analiza los instrumentos que miden el déficit y también otras fuentes que aportan información relevante, como el catastro de campamentos'.
'Si bien las cifras provenientes de tal estimación no pueden considerarse como datos del déficit habitacional, permiten contar con una estimación de la demanda de viviendas, en un orden de magnitud comunal, para los objetivos del plan y decisiones habitacionales de planificación', sostiene la cartera.