'Desde hoy tenemos un sistema más sólido que nos ayudará a tener un Chile más justo y a recuperar el largo camino de la construcción de confianza que tanta falta nos hace como país', dijo el Presidente Gabriel Boric, ayer en la promulgación de la ley de delitos económicos y ambientales. El mandatario hizo énfasis en que esta iniciativa contribuirá a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones (ver recuadro).
Esta ley amplía los delitos por los que responden las personas jurídicas, de 20 a más de 200, además de endurecer las penas. Así, los expertos recalcan la importancia de tener un modelo de compliance en las compañías y que esté correctamente implementado. Rafael Huamán, socio líder de EY Latam, señala que 'hay que ponerle mucha atención a la parte de la implementación, los procesos, los controles y el diseño'.
El abogado Héctor Hernández, uno de los impulsores de la ley y jefe del área penal y compliance del Estudio Colombara, indica que hay un desafío para las empresas, de adoptar medidas de prevención delictiva en su seno. 'Las personas jurídicas tendrán ahora que hacerse cargo con mucha mayor amplitud y, yo diría, mucho mayor empeño y esfuerzo de la prevención de delitos', afirma.
Modelo de prevención
Juan Pablo Hess, socio de Mazars, indica que al diseñar e implementar el modelo de prevención es 'fundamental evaluar los delitos más probables de generarse y cuáles son los que tienen mayor riesgo'. Para estos propósitos, dice que será necesaria la incorporación de profesionales con conocimientos específicos.
Esta necesidad producirá que 'las operaciones de las compañías se ralentizarán y serán más costosas. Para algunas empresas de menor tamaño les afectará claramente en su posición competitiva', advierte Hess.
Carmen Gloria del Valle y Astrid Schudeck, socias de PwC Chile, dicen que para verificar que el modelo de prevención de delitos sea efectivo, se deberán realizar evaluaciones periódicas por terceros independientes.
Rodrigo Reyes Duarte, director jurídico de Prelafit Compliance, detalla el funcionamiento de las evaluaciones periódicas. 'Las personas jurídicas serán eximidas de responsabilidad penal cuando (…) contemplen un modelo de prevención de delitos, es decir, un programa de compliance penal que deberá ser obligatoria y periódicamente evaluado por terceros independientes y generar mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones', explica.
Así, señala que las empresas certificadoras de modelos de prevención registradas en la CMF pasarán ahora a ser evaluadoras independientes de programas de compliance.
Manuel Gálvez, socio de regulatory y compliance en Deloitte, destaca la importancia del gobierno corporativo en la implementación de los modelos, ya que este desempeñará 'un papel fundamental y protagónico en la implementación de los cambios. Es precisamente en este ámbito donde encontramos el punto de partida para que la función de compliance permee a todas las áreas de una organización de manera efectiva'.
Más responsabilidad
Otro aspecto a considerar por las empresas es que con esta ley el modelo de compliance se deberá extender a quienes 'gestionen negocios por cuenta de la empresa con facultades de representación o sin facultades de representación', indica Javier Díaz, abogado socio de Barros y Errázuriz.
'La ley ahora se abre de modo importante al medio externo. Significa que esos terceros también hay que considerarlos en los riesgos penales que puedan tener la responsabilidad y en los módulos de prevención', explica Rodrigo Aldoney, abogado y consejero sénior de Carey.
Detalla que lo que busca la ley es que, si una empresa delega responsabilidades en otra compañía, no se exime de los delitos que puedan cometerse. 'Se trata de gestionar los riesgos de ese tercero, que sea susceptible de ser mitigado por la persona jurídica. La empresa tiene que hacerse responsable de todos los asuntos que se gestionan a su nombre', dice Aldoney.
Para mitigar estos riesgos, Gálvez explica que lo más común es aplicar cláusulas de cumplimiento del modelo de prevención de delitos de la compañía a terceros. Para que las empresas se adapten a la nueva ley, dice que 'es importante realizar un catastro de todas las relaciones, transacciones y operaciones con los terceros relacionados con la compañía, e incorporar cláusulas de cumplimiento en los contratos u órdenes de compra correspondientes'.
Susana Sierra, CEO de BH Compliance, agrega que, con la nueva ley, 'los delitos cometidos dentro de una filial podrán ‘escalar' y hacer directamente responsable a la sociedad matriz, lo que no estaba regulado antes. Por lo tanto, las compañías deberán asegurar la implementación adecuada de programas de compliance en todos los niveles de la organización'.
Desde PwC desdramatizan esta ampliación de responsabilidad. 'Una empresa que tiene un modelo de prevención efectivo, que realiza un adecuado due diligence de sus proveedores, ejerce un monitoreo continuo, y capacita a los mismos, no debiere incurrir en responsabilidad', afirman.