Resulta paradójico que, habiendo avanzado nuestra legislación de manera significativa en materia de protección a la niñez, se evidencie un cuadro crítico precisamente ante el rol de garante del Estado respecto de los niños que requieren mayor protección.
El sostenido crecimiento de las listas de espera en el Servicio de Protección Especializada es un síntoma de problemas estructurales en la gestión de oferta especializada en calidad y cobertura en población de altísimo riesgo, con un agudo compromiso de su salud física y mental. Los datos son contundentes. Entre cuatro y seis mil se estiman las niñas víctimas de explotación sexual comercial infantil, de las cuales sólo uno de cada cinco llega a la oferta de programas del Estado.
Por otra parte, 30 mil niños —según el Servicio— están en lista de espera para acceder a los programas ambulatorios. Cifra que no calza con la información entregada por representantes del Poder Judicial, quienes señalaron una lista de espera del orden de los 67 mil niños.
Por otro lado, el sistema residencial, que atiende acerca de 4.500 niños privados de cuidados parentales, enfrenta el cierre progresivo de residencias, al no poder cumplir con las obligaciones derivadas de requerimientos judiciales para acoger a niños de perfiles de un riesgo mayor a los de su diseño de atención.
El modelo de acogimiento familiar, que en el 80% de los casos es la familia extensa, requiere cambios sustantivos que le permitan la especialización en distintos perfiles de riesgo, apoyo técnico y, por supuesto, un financiamiento que permita dar soporte efectivo a las necesidades de las familias.
Por último, la instalación de las oficinas locales de la niñez ha sido limitada y no se cuenta ni con un modelo anclado en oferta territorial ni con la disponibilidad de los reglamentos necesarios para que actúen con la potestad administrativa que se requiere ante el intersector.
La respuesta del Estado y los garantes no es consistente con el grave riesgo que enfrenta la niñez más vulnerada. En este contexto no se entiende la demora en designar a quien encabece la Defensoría de la Niñez los próximos 5 años. No se entiende que, habiendo un marco legal muy distinto a los de años anteriores, las voces de quienes deben garantizar el bienestar y los derechos de la niñez no tengan la verdadera fuerza para cambiar esta trayectoria.