Como 'alarmante', califican expertos el hecho de que siete de cada 10 de las investigaciones sobre delitos relativos a explotación sexual comercial infantil contra niños, niñas y adolescentes, acabe sin responsables —en un archivo provisional—, en un contexto en que cada año las denuncias por este delito suben.

Así lo plantea un informe de la plataforma Actuar es Urgente, integrada por distintas fundaciones relacionadas con el cuidado de la niñez, que analizó las cifras de explotación sexual infantil del Ministerio Público entre 2017 y 2022.

El documento, al que accedió 'El Mercurio', señala que de un total de 1.215 investigaciones y procedimientos judiciales desarrollados en este período, solo un 9,5% culmina con una condena contra el imputado, lo que evidencia 'un alto grado de impunidad', se destaca en las conclusiones.

Según los datos, en 2019 las causas terminadas por sentencia definitiva, condenatoria o absolutoria fueron un 14,8% de los ingresos, mientras que el 2022 fueron solo el 4%'.

A esto se suma la preocupación sobre el alza sostenida que se observa de las denuncias por este delito en el período. En los cinco años revisados se registra un alza de 242%, pasando de 206 denuncias ingresadas al Ministerio Público, a 704.

Así, las fundaciones que componen la plataforma Actuar es Urgente hacen un emplazamiento a las autoridades a la luz de las cifras, para que se enfrente esta problemática, porque de lo contrario, 'se proyecta una situación dramática, en términos de resultados de las investigaciones para 2023 y 2024, si no se fortalecen las capacidades institucionales, como las del Ministerio Público', afirma Rafael Rodríguez, gerente de Desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo, parte de la plataforma.

Lo no denunciado es 'al menos 10 veces más'

Rodríguez, expresa su preocupación por el alza sostenida de las denuncias, 'que se han triplicado en el período', pero, además, porque esta cifra 'es mucho menor que el total de delitos que no son denunciados, los que se estiman en al menos 10 veces más'. Así, el experto dice que esta alza 'tiene relación con el aumento de denuncias y no necesariamente de cantidad de delitos. Esto debido a nuevos métodos de entrevistas a niños y niñas víctimas, que facilitan la pesquisa de la explotación sexual. El aumento de conciencia sobre los derechos de los niños y niñas ha permitido que, tanto familiares como los mismos niños, se atrevan a realizar las denuncias'.

Delitos ocurren al interior de las casas

Para Laura Cid, abogada e integrante de Red de Abogadas por la Niñez, organización que integra la plataforma Actuar es Urgente, un elemento que explica el aumento de denuncias es la pandemia y el confinamiento. 'La violencia sexual, en su gran mayoría se desarrolla al interior de los espacios familiares. Pues bien, el confinamiento que produjo la pandemia mantuvo por largo tiempo a las niñas y jóvenes a merced de sus agresores, es por eso que las denuncias aumentan en 2021, ya que las personas comienzan a volver a otros espacios, con otras personas, se aperturaron las escuelas y se mejoraron los canales digitales de denuncia', explica la experta.

Por otro lado, en línea con las conclusiones que plantea el informe, Rodríguez sostiene que para enfrentar la problemática hay dos puntos clave que debe impulsar el Ejecutivo: 'La Ley de Garantías de la Niñez se promulgó hace más de un año, donde se compromete terminar con la impunidad de los explotadores sexuales, pero, lamentablemente, somos testigos de la falta de capacidad del Estado para cumplir con este mandato'.

En ese sentido, comenta que en parte este alto grado de impunidad se debe a que 'ha existido un aumento de la demanda investigativa, mayor cantidad de delitos, pero que no ha implicado mayor capacidad investigativa de la fiscalía, que cuenta con los mismos recursos'.

La Ley de Garantías de la Niñez estableció la creación, explica Rodríguez, de un Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez —que incluye otras carteras, al servicio especializado y la Subsecretaría de la Niñez—, pero cuestiona que 'la temática de explotación sexual infantil no ha sido parte de una discusión específica por el Comité en el actual período del Gobierno'.

Ante esto, señala que es urgente 'que la ministra de Desarrollo Social y Familia incorpore en la agenda del Comité Interministerial las violencias sexuales contra la niñez y un abordaje integral para la protección, restitución de derechos y reparación a las víctimas', y que 'Hacienda aumente de manera urgente y significativa el presupuesto del Ministerio Público y de las unidades policiales encargadas de la investigación'. Ello, para que esta pueda mejorar.

Ingresos duplicados de denuncias

Desde la Unidad de Delitos Sexuales y de Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional, su director, Maurizio Sovino, dice que el aumento de las denuncias se puede explicar porque 'en el fenómeno de la explotación sexual es habitual que diferentes instituciones interpongan varias denuncias por los mismos hechos, por lo que existe una sobrerrepresentación del número de ingresos. Por tanto, si bien efectivamente hay un aumento importante en todos los delitos sexuales, no solamente en la explotación, lo que pasa en estos casos es que muchas veces los ingresos están duplicados'.

Mientras que respecto del alto nivel de archivo provisional, asegura que 'los casos se inician por denuncias, por ejemplo, de las personas de la residencia en donde viven las adolescentes o algún programa de intervención de estas víctimas, y luego de eso no tenemos contacto alguno con la víctima, puesto que ella no quiere participar en estos procesos. O, luego de tomarles declaraciones al entorno cercano, o tratar de llevar a cabo otras técnicas investigativas, igualmente faltan antecedentes para proseguir'.