El profundo socavón registrado el 23 de agosto en el campo dunar de Viña del Mar y Concón, causado por la rotura de un colector de aguas lluvias y que por estos días amenaza la estabilidad del edificio Kandinsky, en Cochoa, reavivó el debate que suscita, al menos desde 2011, la construcción de edificios en el entorno del Santuario de la Naturaleza La Punta de Concón.
El origen geológico del conjunto de dunas, situado sobre el camino costero que une ambas comunas, data del período cuaternario y fue declarado en 1993 Santuario de la Naturaleza, al "constituir una unidad paisajística de gran valor escénico, turístico y científico". Al año siguiente, la zona protegida se redujo de 50 a 12 hectáreas, "lo que permitió el desarrollo de proyectos inmobiliarios", informa en su web el Consejo de Monumentos Nacionales.
Luego, tras dos decretos (2006 y 2012), el Santuario quedó en 30,1 hectáreas: 2,3 de ellas en Viña del Mar y 27,79 en Concón, donde además el Plan Regulador Comunal (PRC) resguarda otras 20 hectáreas como área verde. Desde 2014, la organización Duna Viva ha presentado una serie de acciones legales para impedir en el sector "la depredación inmobiliaria", afirman.
El mayor de sus "logros" lo consiguió en 2019, cuando la Corte Suprema ordenó a la empresa Vimac paralizar la construcción del proyecto Alto Santorini -dos torres de 28 y 23 pisos- en un "fallo histórico que reconoce el valor patrimonial, social, natural y ambiental de las dunas de Concón", dijo entonces Jorge Yarur Bascuñán, presidente de la Fundación Yarur Bascuñán, que constituye junto a la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar el movimiento Duna Viva.
Sin embargo, de acuerdo a un registro realizado por Duna Viva, desde 2011 han sido construidos en el sector 38 edificios: 11 en Viña del Mar y 27 en Concón. En esa última comuna, cuatro obtuvieron recepción municipal en 2022: Portal Montemar, Edificio Wave, Edificio Costa 431 y Sunset Arena, pese a que para ello debiesen tener un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), asegura el abogado del movimiento, Gabriel Muñoz.
Actualmente, el único en construcción está en Viña del Mar: el proyecto Hoy Eluchans -dos edificios de 16 y 20 pisos- que en 2021 fue investigado por la Superintendencia del Medio Ambiente por una posible elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, esto es, desarrollar el proyecto sin el permiso que le corresponde. En 2022, no obstante, el servicio concluyó que la inmobiliaria Edmundo Eluchans SpA no debía someter la iniciativa a ese proceso.
La acción de Duna Viva ha logrado detener en Viña del Mar la construcción -y conseguir el ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)- de los proyectos Alto Santorini y en Concón el proyecto de la empresa de la Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A. (Reconsa), Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa, cuyo representante legal es Juan Ignacio Soza. Esta iniciativa consiste en dotar de servicios básicos y accesos a 4 lotes enajenables de 12.574 m2, así como la extensión de calle Cornisa y la construcción de una escalera peatonal.
En ambos casos, la ONG acusó ante la justicia que las iniciativas no contaban con evaluación ambiental, como exigía la jurisprudencia que demarcó el fallo del máximo tribunal en 2019. "La Corte Suprema establece que sobre o alrededor del campo dunar de Concón, que es llamada la zona de amortiguación (...) no puede otorgarse permiso de edificación ni recepción sin previamente contar con un EIA", explica el abogado Muñoz.
Según detalló el SEA, Alto Santorini está "suspendido a la espera del ingreso de la Adenda (documento preparado por el titular de un proyecto que responde a las observaciones hechas por el SEA) complementaria el 13 de octubre de 2023" y el proyecto de Reconsa "suspendido hasta el 29 de septiembre de 2023. Podría extender la suspensión el titular".
Pero hay más. En la Ciudad Jardín se detuvieron los proyectos Mackroceano y Las Perlas, en calle Las Ágatas. En este último, incluso, el titular desistió de llevar a cabo la iniciativa.
En ambos casos la estrategia ha sido distinta: el movimiento reclama la falta de evaluación ambiental, no sólo por la cercanía al Santuario de la Naturaleza (en el caso de Mackroceano), sino también porque el Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar carece del instrumento Evaluación Ambiental Estratégica, por lo que "todas las obras debiesen tener EIA", señala el mismo abogado.
Respecto del estado en que se encuentra Mackroceano, el SEA señaló que está suspendido y que "debe ingresar la Adenda excepcional el 29 de septiembre de 2023. El titular podría solicitar extensión de la suspensión de plazos".
Gabriel Muñoz acusa que pese al fallo del máximo tribunal, "la alcaldesa de Viña del Mar y el alcalde de Concón siguieron entregando permisos de construcción y/o haciendo recepciones finales a edificios que han afectado irremediablemente el campo dunar. Paradojal es que defiendan en los tribunales estos proyectos que carecen de EIA y que fueron autorizados por sus respectivos directores de obras. Incluso existen calles ilegales urbanizadas por Reconsa o colectores del MOP sin EIA. Estamos esperando que la alcaldesa Macarena Ripamonti y el alcalde Freddy Ramírez dejen de mirar para el lado mientras se sigue destruyendo las dunas, pues según la Constitución y las leyes tienen a su disposición acciones e instrumentos que pueden ejercer aquí y ahora para proteger el campo dunar, cumplir los fallos de la Suprema y detener la depredación inmobiliaria antes que lo lamentemos todos".
El alcalde Ramírez (Ind.), por su parte, señala que "nuestra gestión municipal se ha caracterizado profundamente por defender el patrimonio medioambiental de las conconinas y conconinos, sobre todo en lo que compete al campo dunar".
Y añade: "En la actualidad estamos estableciendo una mesa de trabajo, la cual nos permitirá encontrar las fórmulas de protección y cuidado del Santuario de la Naturaleza. De esta manera, hemos convocado a una reunión para implementar e instalar el Comité de Protección del Campo Dunar (...) en este espacio queremos encontrar las fórmulas más adecuadas para cerrar o delimitar el sector, para así evitar el daño que hoy proviene principalmente de quienes visitan las dunas y no las cuidan. Hoy el principal daño no proviene de las empresas inmobiliarias, que ya se encuentran impedidas legalmente de construir, sino de quienes visitan el lugar dejando su basura o pagando servicios de entretenimiento ilegales y perjudiciales para la flora y fauna, como las tablas para deslizarse".
Por esto último, agrega el alcalde, han aumentado la presencia de seguridad municipal en el sector, para evitar la aparición de comercio ilegal y otras actividades ilícitas.