El 15 de septiembre, la Asociación Chilena de Casinos solicitó una reunión presencial con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. El gremio que reúne a Enjoy, Dreams, entre otros, y que preside Cecilia Valdés, necesitaba una explicación... o al menos, una conversación que permitiera entender qué había ocurrido tres días antes.
El martes de la semana pasada, Hacienda presentó nuevas indicaciones al proyecto que regula las plataformas de juego online. Comenzó su tramitación en marzo de 2022, luego que estas casas de apuestas alcanzaran su peak en el país durante la pandemia del covid-19, mientras los casinos físicos estaban cerrados. El problema es que dichas formas de juego no estaban ni están reguladas. De ahí la decisión del Ejecutivo por normarlas.
Así, la subsecretaría ingresó una serie de indicaciones; una fue la que puso en pie de guerra a los casinos. El artículo tercero transitorio estableció que una vez promulgada la ley, podrán seguir operando aquellas plataformas no domiciliadas en el país, y que hubiesen prestado servicios de apuestas en línea utilizados en Chile. Ello previo pago de un impuesto del 31% de los ingresos brutos por los últimos 36 meses, el cual no podrá ser inferior a 1.000 UTM anuales (unos $63 millones). Esto, cuando —a ojos de los casinos actuales— los operadores de salas físicas o los nuevos actores deberán esperar hasta que se abra la licitación que otorgue estas nuevas licencias.
La presidenta de la asociación lo resume así: 'Esta indicación está favoreciendo a los que llevan todo este tiempo operando de manera ilegal, porque solo pueden optar a este ‘perdonazo' aquellos que han estado operando así, es una competencia desleal'. Y agrega: 'Es muy extraño, además, que esto vaya tan en contra con la postura general del Gobierno'.
De hecho, el día después del ingreso de tal indicación, la Corte Suprema declaró ilegales las plataformas, y ordenó el bloqueo de 27 casas de apuesta online. El ministro de Justicia, Luis Cordero, dio un paso más. En Las Últimas Noticias llamó a quienes reciban ingresos por casas de apuestas a contactar a sus abogados. Bajo ese contexto, esta indicación generó extrañeza.
'Las enmiendas propuestas por el Ministerio de Hacienda han generado un debate en torno a su apoyo aparente a las plataformas de apuestas en línea previamente ilegales, en contraposición a las posturas de otros organismos gubernamentales, la Corte Suprema y el SII', señala un actor del rubro.
Desde Hacienda, la interpretación de los casinos está equivocada. La subsecretaria Heidi Berner explica que si bien existe ese tercero transitorio, hay otro previo en el que se establece claramente que podrán operar las plataformas que cumplan ciertos requisitos como constituir una sociedad en Chile, acreditar estándares técnicos, extender una garantía y que no hayan operado previamente en el país. Para este último punto está la excepción de pagar el 31% de los ingresos brutos de los últimos 36 meses. 'Cualquier actor puede entrar desde el momento que se promulga la ley', enfatiza la subsecretaria. 'Y aquellos que operaban sin estar regulados y quieran hacerlo de manera legal, deben acogerse de manera excepcional a pagar un monto adicional, además de cumplir todo el resto de los requisitos'. Añade que además deben pagar 0,07 UTM por cada cliente de los últimos tres años.
El representante de la Agrupación de Plataformas de Juego Online —que incluye a las principales casas que operan en el país como Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin—, Carlos Baeza, lo refrenda. 'Los períodos transitorios son esenciales para el éxito del modelo regulatorio, ya que se requiere establecer un período en que las compañías que funcionan en un mercado no regulado pasen a un mercado regulado', dice.
Aún más, bajo su interpretación, este transitorio corre para todos quienes tengan una plataforma online —incluidas sociedades que creen los dueños de casinos físicos—, y no solo para quienes operaban previamente en esta industria. 'Me parece preocupante que los casinos intenten confundir a la opinión pública con afirmaciones equivocadas respecto a las normas transitorias', dice.
Para los casinos es un inexplicable. De hecho, Cecilia Valdés asegura que lo lógico sería que: 'Se promulgue la ley, exista una prohibición por doce meses para los ilegales y que antes se abra una ventanilla donde se entregue licencia para aquellos que cumplen el estándar'.
El viernes, la asociación tenía una reunión con la superintendencia para entender el origen de la indicación. 'No sabemos de dónde salió', refuerza Cecilia Valdés.
Cambio de mirada
El 13 de junio, la subsecretaria Heidi Berner ingresó las primeras indicaciones a la iniciativa. Una de ellas rezaba así: 'Postulantes no pueden haber operado en nuestro mercado sin autorización en los últimos 12 meses'. Y se entenderá que operaron cuando hicieran publicidad en Chile, hayan autorizado abono en pesos, etc.
Para los operadores esto se traduciría en un bloqueo de un año para que las plataformas que estuvieron operando al margen de la ley pudieran entrar. En tres meses esa indicación se mantuvo, pero se agregó un transitorio que les permite operar al día siguiente, pagando un monto, además de cumplir todos los requisitos establecidos en la ley.
El informe financiero actualizado asume que siete empresas pagarían el impuesto adicional. Si se toma que el mínimo a pagar anual es de 1.000 UTM, cada compañía cancelaría a lo menos 3.000 UTM por los tres años, unos $190 millones.
Según la plataforma de la Ley del Lobby, este año, la Asociación de Casinos ha tenido dos reuniones con la Subsecretaría de Hacienda. La entidad que preside Cecilia Valdés considera la relación ha sido distante. Asegura que la primera reunión fue protocolar, y a la segunda, la subsecretaria Berner no asistió. 'Cuando el proyecto empezó a moverse, pedimos varias reuniones con ella. Se demoró mucho en aceptarnos. Y al final no asistió, sino que fueron representantes', destaca Valdés. Un operador agrega: 'Sentimos que hay una negativa de la subsecretaria a reunirse con los actores regulados de la industria'.
Berner niega tal afirmación. 'Me sorprende que alguien diga que le ha costado reunirse conmigo. En la primera reunión fue justamente porque íbamos a empezar a trabajar las indicaciones. Y muchos de sus puntos los fuimos conversando'. 'En el segundo lobby no pude estar', agrega, 'pero sé lo que plantearon y fue justamente que no podía haber un perdonazo y es por eso que decimos que es una actividad ilegal y deben regirse a lo que plantee la ley'. Aún más, señala que adelantaron la vigencia de la ley al momento en que se promulga para que rápidamente se normen.
La vinculación de los casinos con el proyecto ha sido básicamente vía la Superintendencia de Casinos. Al revés, la entidad nunca ha querido recibir a las plataformas online. 'La superintendencia no ha atendido solicitudes de plataformas de apuestas ilegales. Lo que le corresponde es atender solicitudes de los actores de la industria de casinos de juego que funcionan dentro de la normativa', responde la autoridad.
En esa línea, si bien los casinos físicos han apuntando básicamente a los estamentos del Estado (ver infografía), las plataformas en línea se han centrado en los parlamentarios. Solo este año reportan diez encuentros.
La iniciativa —que tiene suma urgencia— se vota el martes en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Sería hasta total despacho.
La reunión solicitada el 15 de septiembre por los operadores de casino a Hacienda, ya fue fijada. Será el próximo viernes a las 12.00 horas... esperan conseguir finalmente las explicaciones que buscan.