Internet se ha vuelto trascendental en el día a día de las personas, a tal grado que en el Congreso se discute en tercer trámite legislativo una iniciativa que reconoce su acceso como un servicio público.
En este contexto, a fines de agosto el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Rodrigo Krell, presentó los avances de la investigación 'Productividad en sector Telecomunicaciones', que aporta datos y análisis para identificar y abordar los frenos que enfrenta esta industria actualmente y con los que deberá lidiar si se aprueba la Ley de Internet.
Entre los hallazgos está la brecha digital que afecta al país, pero sobre todo 'las dificultades que como sector tenemos para dar respuesta a esta problemática', comenta Daniela Castillo, vicepresidenta de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam).
Y eso se debe a otro tema que aborda el informe: la llamada 'permisología', que es la burocracia y la demora excesiva en la obtención de permisos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones que, según la ejecutiva, es una traba 'en el desarrollo y despliegue del 5G'.
El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, reconoce 'que hay ciertos procesos que resultan extremadamente lentos y que esto puede derivar en una serie de dificultades para el sector', pero también destaca el hecho de 'que, aun así, Chile es líder latinoamericano en materia de conectividad digital'.
Algo que comparte Pedro Suárez, gerente del Departamento de Regulación de Entel, quien reconoce este liderazgo, aunque subraya que los países de la región han avanzado en facilitar el despliegue de infraestructura, 'bastando solo el trámite en la autoridad sectorial; en cambio, en Chile no hemos actualizado el marco regulatorio para facilitar el despliegue de la infraestructura fija y móvil como una visión de país (…) Situación que, si no se aborda o corrige en el mediano plazo, podrá impactar el desarrollo del sector o los indicadores de productividad'.
Trabas y más
trabas
Quien hoy contrata un servicio 5G espera disfrutar de todas las bondades que ofrece esta tecnología. Para eso, se necesita cobertura, y para que exista cobertura se requieren infraestructura, terrenos y permisos para instalarla.
La vocera de Idicam detalla que actualmente este proceso ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) se demora unos 400 días, y para una modificación, 263. A esto se suma el trámite de permisos especiales ante las direcciones de Obras Municipales, que puede tomar otros 154 días. Así las cosas, del total del tiempo que se requiere para desplegar infraestructura, un 42% se va en trámites.
'Estas trabas burocráticas limitan el potencial del 5G. Actualmente tenemos US$ 7.500 millones estancados producto de estas dificultades', comenta Daniela Castillo.
Antenas y territorios
Para la representante gremial, el problema viene gestándose desde la promulgación de la Ley de Antenas en 2012. Desde entonces, se han tramitado aproximadamente 390 permisos, lo 'que es bastante bajo si uno considera que estamos en pleno despliegue del 5G', subraya.
Sobre este tema, Rodrigo Krell agrega dos antecedentes en su exposición: el primero, que desde que se publicó la Ley de Antenas un 88% de los permisos fue en terrenos privados y solo un 2% en espacios públicos; y segundo, a pesar de que las municipalidades están mandatadas por ley a determinar las zonas para el emplazamiento, muy pocas han cumplido lo mandatado.
Al respecto, Claudio Castro, alcalde de Renca y presidente de la Comisión de Gestión y Modernización Municipal de la Asociación Chilena de Municipios, comenta que este semestre en su comuna lanzarán 'una inédita licitación pública, cuyo éxito puede servir como modelo para los municipios del país. La iniciativa busca regular la instalación de antenas en bienes nacionales de uso público'.
Claudio Araya, en tanto, asegura que como subsecretaría están comprometidos a mejorar la institucionalidad, y para ello 'hemos iniciado acciones, incluso previas al informe de la comisión, con el objetivo de buscar facilitar la tramitación de los diferentes tipos de autorizaciones; y de manera más estructural, estamos proponiendo un cambio al régimen concesional, que precisamente va a abordar los nudos críticos que tienen nuestros procesos de autorización'.
La VP de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de WOM, Catalina Achermann, comenta que como empresa contemplan 'el despliegue de más de 5.000 antenas en 335 comunas desde Arica a Punta Arenas'. Este esfuerzo, continúa la VP, implica grandes desafíos, especialmente en lo que respecta a los tiempos de los permisos, 'que no solo impacta al sector de telecomunicaciones, sino que afecta de manera transversal a distintas industrias. Sin ir más lejos, durante el despliegue nos hemos encontrado con situaciones imprevistas, como desastres naturales, situaciones de seguridad y serias barreras estructurales, como la falta de coordinación entre entidades públicas, lo que genera graves problemas que tienen un impacto relevante en el avance de cualquier proyecto de infraestructura'.
Señales claras
Para la vicepresidenta de Idicam, una de las razones detrás de estas dificultades es la falta de señales claras por parte de los organismos del Estado. Es decir, por un lado, sociabilizan la importancia de internet, pero al mismo tiempo 'el Ministerio del Medio Ambiente promueve un anteproyecto que busca reducir la potencia de las emisiones de las antenas, reforzando la creencia en la gente de que estas son altas, y esa no es la realidad', detalla.
A lo anterior, suma la moción parlamentaria en el Senado que busca homologar los requisitos y condiciones para la instalación de infraestructura en zonas urbanas y rurales, 'lo que podría encarecer los costos de instalación de antenas en un cerro, por ejemplo, si hay que mimetizar, como se hace en las ciudades', destaca.
Para el senador Enrique van Rysselberghe, presidente de la comisión de Transporte y Telecomunicaciones, estas fricciones son propias de la vida democrática, y si esto sucede, 'es porque estamos discutiendo los temas correctos, como son promover los derechos de la ciudadanía y la protección del medio ambiente con un desarrollo acorde de las tecnologías'.
Diálogo continuo
Daniela Castillo enfatiza que la infraestructura de telecomunicaciones abarca no solo torres, sino también data centers. Y los desafíos regulatorios impactan no solo en la expansión de la red, sino también en la modernización y creación de instalaciones de vital importancia.
En este contexto, la industria aboga por un diálogo continuo entre el sector público y privado, por lo que valora la presentación que hizo el ministro de Economía, Nicolás Grau, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde planteó la necesidad de 'una agencia que se dedique a monitorear que los tiempos (de tramitación) realmente se cumplan'.
Cristián Salgado, vicepresidente de Regulación de ClaroVTR, recalca que 'el proceso de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones debe ser prioritario para el país, pues la conectividad es el factor de progreso clave y central de las comunidades y personas. En ese sentido, resulta fundamental que los procesos autorizatorios sean expeditos, y ello pasa a su vez por su digitalización. La falta de celeridad genera estancamiento de la inversión y el retraso de mejor y mayor conectividad para todos'.
Nos contactamos con GTD para tener su opinión del informe de la CNEP y conocer su experiencia como empresa de telecomunicaciones en esta materia, pero prefirieron no participar en la nota.
Por su parte, Fernando Saiz, director de Asuntos Públicos de Movistar Chile, estima que además es necesario avanzar a nuevos modelos de regulación que apunten a la sostenibilidad de las empresas y a financiar la alta inversión que demanda esta industria para sostener los despliegues y usos masivos de nuevas tecnologías. 'Por ejemplo, hay ‘microrregulaciones' que se pueden abordar, como la incobrabilidad en telecomunicaciones, donde Chile es top tres en Latinoamérica; también el pago de deuda al momento de la baja, ya que la regulación solo exige el pago de la deuda vencida y no de la vigente; o bien algunos puntos relevantes observados por la CNEP, como el impacto de la Ley de Torres, en donde, de las casi 10.000 torres móviles existentes en Chile, solo el 5% han sido construidas en los últimos 10 años', argumenta.