Señor Director: El reciente veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, que buscaba aumentar las sanciones por ocupaciones ilegales de terrenos, es un claro retroceso en el desafío de diseñar ciudades que sean capaces de atender las demandas de las personas y suplir el déficit habitacional. Es crítico avanzar en un trabajo público-privado que a los desarrolladores inmobiliarios les permita bodegar terrenos y así para poder proyectar no sólo sus edificaciones, sino que ciudades sustentables y de buena calidad urbana.

Es urgente que se amplíen las políticas públicas para proporcionar los incentivos necesarios para que la ciudad continúe incorporando viviendas. Hoy nos enfrentamos a una situación crítica, con una disminución de más del 20% en la aprobación de permisos de edificación en todo el país.

Todos queremos una mejor calidad de vivienda, pero para ello son claves la planificación y colaboración conjunta. Frenar las herramientas ante usurpaciones ilegales no va en línea con eso.