Señor Director:
En base al editorial publicado el viernes, titulado “Tragedia juvenil” nos parece relevante —desde nuestro rol como sociedad civil que trabaja por el desarrollo positivo de la infancia— dar cuenta de la precisión del análisis realizado.
La niñez en nuestro país enfrenta, sin duda, una de las crisis más profundas de la última década. Los datos son demoledores: 50 mil niños excluidos del sistema escolar, cerca de un millón en riesgo de ausentismo crónico, listas de espera históricas en Mejor Niñez y en Salud Mental Infantil, líder en la región de consumo problemático de alcohol y otras drogas, denuncias que más que se duplican en explotación sexual infantil, aumento de más de un 40% en las de abuso sexual a niños y niñas.
Paradójicamente desde 2022 existe la Ley de Protección Integral de la Niñez y otros cuerpos legales especializados; asimismo, desde hace más de cinco años, una Defensoría de la Niñez
Por otra parte, más de la mitad de la inversión en programas directos a la niñez tiene resultados apenas suficientes o malos. La oferta en materia de prevención del delito es limitada para este segmento y llega tarde, enfocada en tramos etarios superiores, cuando es muy relevante la inversión temprana en directo apoyo a padres y cuidadores, desde los primeros años de vida. La evidencia es clara: 7 de cada 10 niños desiste del delito al volver a una familia prosocial o reingresar a un colegio.
Hoy existen programas con foco en la prevención y con sólida evidencia nacional e internacional de apoyo a la crianza en Chile, como PMTO, Comunidades que se Cuidan de la U. de Washington y Familias Unidas de la Universidad de Miami, este último hasta el año pasado parte del sistema Lazos, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y hoy sustituido por oferta del Estado, evaluada por la Dipres con “mal desempeño”.
Necesitamos dejar de llegar tarde, contar con una agenda temprana de prevención social basada en la evidencia, con oferta de calidad y cobertura, que opere desde las oficinas locales de la niñez, con la potestad administrativa que permita cumplir la ley y contar con las herramientas necesarias que nos ayuden a detener esta tragedia.