SEÑOR DIRECTOR:

Tal como se describió detalladamente en el artículo aparecido en Pulso Domingo sobre las normas del Presupuesto 2024 que buscan cerrar los "forados" en los traspasos de recursos a fundaciones, es importante aclarar algunos puntos. Sin perjuicio de la urgente necesidad de definir una mejor regulación y procedimientos para las transferencias, debemos tener claro que el "caso Convenios" se da por la transgresión a la fe pública, tanto de representantes de fundaciones, como de funcionarios públicos, quienes deben ser formalizados por los delitos ya tipificados que correspondan: malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y/o fraude al Fisco.

Las regulaciones que se proponen en la Ley de Presupuestos 2024 son necesarias y, sin duda, colaborarán en otorgar mayor transparencia y capacidad de seguimiento a las transferencias, sin embargo, debe cuidarse de no pasarse al otro extremo, impidiendo concretar la importante labor de colaboración de bien público que hacen las organizaciones de la sociedad civil.

El país y el Estado requieren de la colaboración público-privada. Por esto es necesario regular ciertas situaciones con el fin de restituir las confianzas tan dañadas después del "caso Convenios", pero no tiene ningún sentido plantear normas que sabemos serán impracticables y muy difíciles de cumplir.