El Segundo Tribunal Ambiental de Antofagasta realizó una audiencia a raíz de las siete reclamaciones interpuestas por comunidades indígenas y habitantes de la comuna de Copiapó de la Región de Atacama que buscan anular la aprobación ambiental del proyecto minero Blanco, localizado en el norte del salar de Maricunga. Esta iniciativa es propiedad de LPI, compañía australiana que acordó vender toda su propiedad a la estatal Codelco a cambio de US$ 244 millones.
Los reclamantes sostienen que en el estudio del proyecto no se descartaron los impactos que tendría sobre el recurso hídrico, debido a que la información aportada durante la evaluación ambiental fue deficiente, inconsistente y contradictoria. También cuestionan la existencia y extensión de la unidad hidrogeológica núcleo arcilloso presente en el salar de Maricunga. Además, señalan que no se habrían evaluado los efectos sinérgicos en el balance hídrico que produciría el proyecto junto con los proyectos “Producción de Sales Maricunga”, “La Coipa Fase 7” y “Cerro Casales”.