El coordinador de mercado de capitales del Ministerio de Hacienda, Alejandro Puente, anunció ayer que la cartera está avanzando en una regulación de conglomerados financieros. En un seminario sobre la ley Fintec y finanzas abiertas, organizado por El Mercurio Inversiones, Puente indicó que hay 'todo un trabajo que se está iniciando respecto a regular los conglomerados (financieros). De hecho, hay un white paper de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y, eventualmente, se va a desarrollar un proyecto de ley para abordar esta materia'.
Puente explicó que esta iniciativa apunta a impulsar la competencia, tal como lo busca la ley Fintec. 'El aspecto fundamental para promover la competencia dentro de la ley Fintec son precisamente las finanzas abiertas. Las finanzas abiertas tienen por principio la propiedad de los datos de las personas, que con su consentimiento pueden permitir acceso a esa información para que distintos actores del mercado puedan ofrecerle sus productos y servicios financieros', afirmó.
Añadió que esta ley Fintec es, 'sin lugar a dudas, un impulso bien importante a la competencia y, de alguna manera, un desafío para los actores tradicionales, ya sean instituciones individuales o conglomerados'.
Propuesta
El white paper al que hace referencia Puente es un documento publicado por la CMF a principios de agosto, en el que el organismo entrega lineamientos para una ley de conglomerados financieros en Chile.
En el documento, la CMF propone que los grupos económicos sean entidades sujetas a su supervisión, con lo que se podría exigir una serie de políticas, como que una misma persona no pueda ocupar más de un directorio o cargo con poder de decisión al interior del conglomerado. Su objetivo es asegurar la independencia de los directorios de las diversas empresas que lo compongan.
Sin embargo, este es un insumo que solo busca entregar directrices sobre un eventual proyecto de ley, por lo que sus contenidos no son definitivos. Consultados en el Ministerio de Hacienda para mayor profundización, respondieron que la iniciativa está en etapa de estudio. Por lo mismo, evitaron hablar de eventuales plazos de presentación del proyecto de ley.
Avance 'positivo'
Los abogados expertos en la materia ven el avance en una regulación de conglomerados financieros con buenos ojos. Felipe Dalgalarrando, abogado y socio de Dalgalarrando & Cía., afirma que considera la iniciativa como 'positiva', ya que tiende a proteger la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y salvaguardar los derechos de los clientes. Agrega que la ausencia de regulaciones específicas puede incrementar la probabilidad de que los problemas de solvencia en conglomerados financieros generen dificultades sistémicas.
'En este sentido, la CMF demuestra prudencia al buscar una regulación más detallada de los conglomerados financieros', indica, y añade que en Estados Unidos y Europa este tipo de regulaciones existe hace mucho tiempo.
En la misma línea, Jorge Lembeye, de Lembeye Abogados, afirma que la tendencia de los países desarrollados es tener una regulación respecto a los conglomerados financieros. 'En ese sentido, sería difícil calificar (el avance de Hacienda) como que vaya en la dirección incorrecta', señaló. Añade que 'esto no es fruto de lo que está ocurriendo ahora ni de esta administración, esto es parte de los comentarios que ha hecho el Banco Mundial. También ha venido trabajándose en esta idea de un fortalecimiento de la fiscalización y una fiscalización más concentrada y transversal por parte de la autoridad ya desde hace un buen tiempo'.
Condiciones
Pese al avance que significa la idea de legislar sobre la materia, Lembeye recalca que la regulación 'todavía está en pañales' y que aún hay mucho por discutir sobre los lineamientos que planteó la CMF.
Por otro lado, Luis Aninat, socio de Aninat Abogados, plantea que la eventual normativa es 'valiosa' en la medida que haga más eficientes y transparentes los mercados. Además, cree que esta regulación debe ser producto de un proyecto de ley que se discuta en el Congreso. En contraste, no cree que deba ser resultado, por ejemplo, de una recomendación ante un proceso del Tribunal de Libre Competencia, en donde se tiene 'la imputación explícita o velada de que los grupos económicos puedan ser per se entidades que impidan o entorpezcan la libre competencia'.