Los destacados juristas Elisa Walker, Claudia Sarmiento, Nicole Nehme, María de los Ángeles Coddou, William García y José Miguel Valdivia, advierten que la propuesta de la nueva Carta Magna emanada por el Consejo Constitucional «haría inconstitucional» el desarrollo de planes reguladores comunales, normas ambientales sobre emisiones contaminantes, como el molibdeno o el plomo, y dificultaría responder ante epidemias como el Covid-19.
En una carta enviada al editor de El Mercurio, titulada «Sobre la potestad reglamentaria», las y los abogados alertan que el texto que será sometido a un plebiscito de salida el próximo 17 de diciembre, genera una «incertidumbre inconveniente».
Al respecto, plantean que el artículo 23 del proyecto plantea que solo la ley puede limitar o restringir el ejercicio de los derechos fundamentales, por lo que «elimina toda referencia a la denominada potestad reglamentaria autónoma del Presidente».
«Finalmente, se limita la imposición de sanciones administrativas a los caso en que la conducta esté determinada en su núcleo esencial por la ley, reduciendo nuevamente el rol del reglamento en materias regulatorias (artículo 16.9.b)», señalan.
A juicio de los expertos en derecho, las reglas propuestas en el texto emanado del Consejo Constitucional suponen una limitación del reglamento como instrumento de elaboración de normas jurídicas.
Plantean que el proyecto persigue restringir fuertemente la potestad reglamentaria, tanto la referida a la dictación de regulaciones administrativas como al ejercicio de competencias sancionatorias, lo cual advierten «puede traer consecuencias inciertas».
Las y los juristas explican que por ejemplo, en el campo del urbanismo, los planes reguladores comunales, que definen condiciones de uso de la propiedad del suelo, como densidad, altura u otros factores, «podrían estimarse inconstitucionales, de asumirse que las reglas deben emanar del Congreso».
También exponen que un caso parecido puede ocurrir con las normas ambientales, «si se piensa que que las normas de emisión de contaminantes (como el molibdeno o el plomo) limitan la libertad de empresa y deben, entonces discutirse en el Congreso».
Otro de los ejemplos que plantean, es que podría estimarse que la reacción frente a pandemias como el Covid-19 requeriría respuestas legislativas.
Para los juristas, el diseño de la propuesta constitucional es doblemente problemático, ya que por un lado «correspondería al Congreso legislar respecto de materias sujetas a permanentes cambios, que actualmente se regulan por reglamentos u otras normas».
Sobre este punto, recuerdan que el Congreso no ha logrado alcanzar consensos en materias tan esenciales como pensiones, salud, educación y cuidados, por lo que señalan que «esta no parece una solución muy razonable».
Por otra parte, los juristas alertan que se podría generar una» intensa litigación» frente a la regulación administrativas o la imposición de sanciones administrativas, lo cual provocaría «incertidumbre en todos los mercados regulados».
«Es probable que los tribunales terminen decidiendo cuestiones de política pública, contrariando otro de los objetivos del mismo proyecto», afirman en la misiva.
Para concluir, las y los abogados sostienen que la propuesta por la que votarán «A Favor » o «En contra», las y los ciudadanos el próximo 17 de diciembre, «hace poco viable el Estado Social de Derecho, porque «se rigidiza los mecanismos de regulación de mercado, minimizando la acción de los organismos reguladores».
«Además, se aleja del objetivo de modernización del Estado, al truncar la capacidad de respuesta de las instituciones administrativas , que tienen en los reglamentos y normas administrativas, una de sus principales herramientas de acción», explican en la carta.
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