'Buenos días, si prefieres me esperas en mi oficina', propone Ignacio Irarrázaval en el patio de la Casa Central de la UC mientras le toman las fotos para esta entrevista. A los pocos minutos el director del Centro de Políticas Públicas de esta universidad aparece en las instalaciones de techos altos que ocupa la entidad. En su escritorio, como buen académico (además es profesor de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la institución), habla con estilo cercano sobre probidad y corrupción en Chile. 'Aunque suene absolutamente cliché las crisis son oportunidades, piensa tú que, en 2003, cuando vino el caso MOP-Gate con Lagos, su gobierno estuvo bien complicado y vino el acuerdo Lagos-Longueira para avanzar en la modernización del Estado'.

Irarrázaval fue uno de los cinco integrantes de la comisión para la probidad y la transparencia anunciada por el Gobierno, cuyo fin fue entregar recomendaciones para regular de mejor forma las relaciones entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. Esto, a raíz del caso Democracia Viva que destapó millonarios traspasos desde el Ministerio de Vivienda a una fundación vinculada a militantes de RD. 'El Gobierno se tomó muy en serio nuestro trabajo', dice.

—Recientemente se abrió una investigación en contra del abogado Luis Hermosilla, a causa de un audio donde se mencionan eventuales pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). ¿Qué produce esto en la ciudadanía?

—El ruido ambiental que provoca este problema es la falta de confianza en las instituciones. Bien que haya una ley de violencia intrafamiliar, pero el Estado no tiene capacidad y no puede estar fiscalizando las relaciones de pareja. Debemos tener instituciones y regulaciones, pero aquí hay una apelación a la confianza que tiene que ver con probidad y con capacidad técnica. Necesitamos más confianza en las instituciones. La confianza también es la disposición a colaborar, porque el Estado nunca será capaz de regularlo todo y las instituciones fiscalizadoras tampoco podrán fiscalizarlo todo.

'No creo que haya robo de platas'

Octavo de nueve hermanos y exalumno del colegio San Ignacio El Bosque, el académico es hijo de Manuel José Irarrázaval, quien fue alcalde de Illapel a fines de los años treinta y parlamentario por el partido Conservador dos veces en los sesenta. 'Desde chico mis padres nos inculcaron lo social y lo público. A cinco cuadras de mi casa, en Pedro de Valdivia Norte, estaba la población La Cantera, un campamento donde vivía gente que sacaba lajas. Como familia católica teníamos un rito y celebrábamos nuestra primera comunión con los niños de esa población', recuerda.

Y agrega: 'Aunque estudié geografía en la Universidad de Chile, en mi caso la vocación fue más fuerte que la profesión. Por eso después hice un magíster y un doctorado en política social'.

—Usted me decía que ya en 2019 habían lanzado un texto donde advertían los problemas de transparencia en las organizaciones sin fines de lucro.

—Así es. Uno de los temas que hemos introducido es el de la sociedad civil, que además de las fundaciones, son las organizaciones territoriales, las juntas de vecinos, clubes deportivos o los comités de allegados. Nosotros ese año hicimos el libro «Un nuevo trato para las organizaciones de la sociedad civil», donde proponíamos avanzar en transparencia. En ese texto dijimos: 'Amigos y amigas de la sociedad civil, no basta hacerlo bien, necesitamos mayor transparencia en sus gestiones'. Las personas no entendían por qué les iban a pedir cuentas por más bien que hicieran las cosas.

—Ante las medidas por la probidad anunciadas por el Gobierno usted sostuvo: 'La sobrerregulación corre el riesgo de limitar la colaboración de la sociedad civil'. ¿Por qué?

—Entiendo que esto pase, una reacción pendular; el tema es que esto puede dejar a las organizaciones de la sociedad civil muy complicadas. Porque, además, frecuentemente el Estado se apoya en estas instituciones como colaboradoras. Si se establece con ellas una interacción burocrática con muchos requisitos, finalmente no tendrán interés en participar.

—También dijo que 'la tentación de la corrupción estará siempre'

—Exacto, en todas las sociedades hay corrupción, lamentablemente, está en Europa, en Estados Unidos y en este país. Bajo estándares internacionales, el nivel de corrupción en Chile es bajo. Estuve hace poco en una conferencia sobre organizaciones de la sociedad civil en Brasil, y cuando expuse el caso Convenios, la gente quedó impresionada de cómo los chilenos nos cuestionábamos estos casos. Nuestra virtud es que todavía somos capaces de escandalizarnos con los desfalcos, las coimas, el cohecho.

—La Contraloría advirtió la existencia de diversas irregularidades en el traspaso de recursos públicos a organizaciones sin fines de lucro desde seremías de Vivienda y gobiernos regionales. ¿Cómo queda el Estado en esto?

—Está bien que la Contraloría se aboque a investigar todos los problemas que ha habido, particularmente con las transferencias de los gobiernos regionales a fundaciones. Pero claramente aquí había mecanismos y canales que el Estado podría haber anticipado. No creo que haya robo de platas, pero sí incumplimiento de los procesos formales y puede que exista un fraude al fisco.

—Usted es vicepresidente del Consejo Asesor para la Modernización del Estado. ¿Desde cuándo cree que viene esta falla estatal?

—Es difícil poner un hito. El Estado de Chile ha sido un Estado bien centralizado y ha sido, dentro de todo, eficiente, pero está estancado. A mediados de los 90 Mario Marcel introdujo desde la Dirección de Presupuestos, una diversidad de mecanismos de control de gestión del gasto público en la línea de la corriente que se conoce como new public management; con iniciativas como metas estratégicas, indicadores de desempeño y evaluación de programas. Desde esos años, han existido mejoramientos, pero en la práctica no veo cambios significativos recientes en torno al manejo de la calidad del gasto público. Mis expectativas están puestas en el rol que podría cumplir la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad creada en 2015.

—Luego que se destapara el caso Democracia Viva, el Gobierno ha buscado revivir el proyecto de ley de 'Transparencia 2.0'. ¿Sirve levantar esta legislación?

—La discusión sobre transparencia viene desde el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La ley de Transparencia demoró casi cuatro años en su tramitación, hasta su aprobación el 2008. La actualización de esa ley ya lleva cinco años de discusión. No digo que entre medio no haya ocurrido nada, se creó una institucionalidad importante, como es el Consejo para la Transparencia, se aprobó la ley de Lobby y se ha instalado transversalmente el desafío de la probidad en el Estado. Mi preocupación es que a veces hay aspectos bien transversales, que se complejizan excesivamente. Y en este y otros ámbitos la legislación se hace demasiado teórica con una alta cuota de voluntarismo.

—¿En qué sentido?

—En que identificamos los problemas, hacemos leyes, pero creemos que las leyes funcionan solas. Eso es una dificultad que también hemos tenido con la educación pública, donde se hace una ley que señala ciertas funciones y atribuciones, pero en su implementación no se contemplaron una infinidad de detalles operativos.

—La propuesta de nueva Constitución en materia de probidad y transparencia propone la creación de una agencia nacional contra la corrupción que vigilará a la Contraloría. ¿Qué le parece esto?

—La Contraloría es una institución de alto prestigio que debiese ser menos unipersonal y no es malo una agencia que complemente y coordine. Es difícil confiar todos estos temas de corrupción, de transparencia, de auditoría y de calidad de la gestión en una sola institución. Tengo aprehensiones de esta mirada de una autoridad unipersonal. Los sistemas colegiados dan mayor estabilidad, protección y ponderación a los actos de estas instituciones. Diría que los temas de probidad, Contraloría y la modernización del Estado, están bien tocados en la propuesta constitucional.

'Se creyó que los SLEP funcionarían sobre ruedas'

—Como expresidente del Consejo Nacional de Educación, ¿estuvo de acuerdo con implementar en 2017 los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)?

—Siendo partidario de los colegios municipales, fui contrario a la ley de la Educación Pública, porque la encontré muy rígida y centralizada. Pero al final de la discusión legislativa llegué a la conclusión que lo peor que podía pasar era seguir como estábamos. Era un salto que había que hacer; aunque se pecó de un voluntarismo inmenso que nosotros advertimos.

—¿Por qué?

—Porque cuando creas un SLEP, incorporas comunas y, por ejemplo, había unas que tenían un régimen distinto de bonos a los profesores del liceo de acá versus el de allá. Y al meterlos a todos en un SLEP debías homologar sus condiciones. Por eso el Colegio de Profesores ha visto esto como una complejidad muy grande. Sabíamos de las dificultades en infraestructura, porque, aunque buena parte de los recursos provenían del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en muchos casos, los mejoramientos de los colegios fueron cubiertos con recursos municipales. Los municipios dejaron de arreglar calles por invertir en la educación. Y como los municipios son entes autónomos, tampoco entregarían tan fácilmente esa infraestructura a otra institución pública.

—¿Cuando se implementaron los SLEP no se pensaron estos aspectos?

—Se creyó que los SLEP funcionarían sobre ruedas. Los cuatro primeros se sacaron con bastante esfuerzo y presión. Pero vinieron dificultades. Por ejemplo, el municipio de Copiapó administraba 31 colegios, ahora el SLEP de Atacama administra 60. Hubo un supuesto que al agrandar el sostenedor se lograría una mejor administración con economías de escala, pero ha sido un salto inmenso en términos de complejidad.

—También se reclama que falta personal capacitado en estos nuevos servicios locales. ¿Es así?

—La Alta Dirección Pública ha hecho una buena pega en el proceso de selección, pero no ha sido fácil rellenar los cargos. Hay una carencia de personal directivo. Frecuentemente pasa que postulas en paralelo para ser director técnico-pedagógico de tres SLEP y finalmente quedas en el que no querías irte, no te vas y queda la vacante.

—El Colegio de Profesores finalizó el paro que este lunes cumplía 83 días y que mantuvo a 46 establecimientos de Atacama paralizados. ¿Qué consecuencias traen estas situaciones?

—Es muy grave lo que vemos en Atacama. Las huelgas de los profesores dan una señal muy mala porque, evidentemente, yo como papá no voy a mandar a mi hijo a los SLEP que están en huelga por 50 días. El Banco Mundial estima que ocho semanas de ausencia de clases equivale a casi un año de aprendizaje. Entonces, los chicos de Atacama, prácticamente, tienen un año perdido de aprendizajes.

Concluye: 'Lo que pasará es que esto será para peor, porque si los SLEP empiezan a entrar en huelgas, los profesores, ante la disparidad de condiciones laborales, comenzarán a decir: 'No queremos el traspaso'. Al final, esto repercute en que los papás, que tienen el derecho preferente de elegir, obviamente no van a preferir la educación pública'.