Eliminar el IVA que actualmente se debe pagar al comprar una vivienda, o al menos rebajarlo, es una de las ocho medidas que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) propone para enfrentar el déficit habitacional —dentro de un paquete de 25 iniciativas para reactivar el sector— que fueron presentadas esta semana en el Senado.
Según argumenta, la vivienda no se debe catalogar como un “bien de consumo”, sino como un “bien común”, y bajo ese argumento es que afirma que se debe impulsar esta política, tal como sucede en otros países de la OCDE. De hecho, remarca que hasta 2016, los bienes raíces estaban exentos de IVA en Chile, situación que cambió con la reforma tributaria aprobada durante el segundo mandato de Michelle Bachelet.
De acuerdo con los cálculos de la CChC, desde que se aplica este gravamen, el precio de las viviendas ha aumentado un 12%. “Este impuesto, vigente a partir de 2016, fue un shock significativo para el mercado, en un contexto que desde la última década ya venía complejo en el acceso a la vivienda”, dice Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara.
Es por ello que considera necesario que las inmuebles tengan un IVA cero o diferenciado del resto de los productos del mercado. “Podría ser una medida transitoria por 12 meses, respondiendo a la potencial emergencia habitacional que se vislumbra en el corto plazo, lo que mejoraría las actuales condiciones que las familias enfrentan para acceder a una vivienda, acercando los precios a sus posibilidades”, dice.
La propuesta genera reacciones diversas. Para el arquitecto Iván Poduje, socio director de Atisba, “parece acertada para incentivar la compra y la inversión, que es lo que hoy se requiere. No solo se necesita que la gente pueda comprar vivienda, sino que el sector construcción se dinamice”. En esa línea, cree que se debiera implementar de forma gradual, empezando por los sectores más afectados por el déficit de viviendas, pero “empezando a aplicarlo lo más pronto posible”.
Difiere Alejandra Rasse, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) de la U. Católica y la U. de Concepción, quien observa que “no es una medida que permita paliar el déficit, porque la potencial reducción en el precio de la vivienda no alcanza a solucionar la brecha de acceso que existe entre las familias que no pueden comprar una. Lo que sí puede es ayudar a dinamizar el mercado”.
Sobre la idea de dejar de considerar a la vivienda como un “bien de consumo”, el director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen, comenta que al entender a las viviendas únicamente bajo esa lógica, “no se está comprendiendo integralmente en todas las dimensiones que implica para el desarrollo del país en su conjunto, ya que esta tiene externalidades positivas en otras áreas, como la educación o la cohesión social”.
Dentro de las propuestas de la CChC también está, por ejemplo, reforzar los programas habitacionales, ampliar la garantía estatal al pie de los créditos hipotecarios a 15% y planificar las ciudades con una mirada integral y de largo plazo.