Las actuales cifras de delincuencia nos demuestran que el crimen está acechando a la niñez y comprometiendo seriamente su desarrollo positivo. Hoy los adolescentes representan alrededor de un 5% del total de delitos, marcando un 20% en robos y un 12% en delitos sexuales. En homicidios representan el 6,5% y cada vez que cometen un asesinato están acompañados por un adulto (39%). Ahora bien, si analizarnos cómo ha ido aumentando la tasa de homicidios en responsabilidad penal adolescente versus el sistema adulto, llama la atención que el crecimiento es mayor. En adolescentes es de un 8,1% -entre 2021 y 2022-, mientras que en adultos es de un 6,2%. Por lo tanto, tenemos un problema serio y hay que enfrentarlo.

La forma de enfrentarlo es lo que ciertamente genera debates y tiene matices, diálogo que debe enmarcarse en los cuerpos normativos nacionales e internacionales referidos a este segmento de la población. El sistema penitenciario adulto muestra serios déficits a la hora de ser una alternativa adecuada a la reinserción, lo que queda demostrado en las altas tasas de reincidencia como en las organizaciones intrapenitenciarias que surgen para administrar el crimen organizado en sus variantes extensivas y de narcotráfico. Homologar penas de cárcel, que por cierto existen en la Ley Penal Adolescente, a segmentos refractarios y en un catálogo reducido de delitos graves asimilándola al sistema penal adulto debe resguardar condiciones mínimas para su efectividad en materia de rehabilitación que hoy no existen en el sistema penal adulto.

En efecto, para evitar el contacto criminógeno, la ejecución penal intrapenitenciaria debe ser segregada en función de perfiles; y para alcanzar el objetivo de cambiar las trayectorias delictivas, la oferta de rehabilitación debe ser integral y con evidencia, vinculada a una oferta preventiva sólida que evite en el corto plazo la reincidencia delictiva. Es necesario no olvidar que los modelos parentales antisociales son la principal razón del involucra-miento delictivo de niños; el contacto con población penal adulta puede impulsar la consolidación de trayectorias criminales prolíficas y la vinculación a bandas delictivas. Esto trae como consecuencia conductas criminales más agresivas y persistentes una vez cumplida la condena.

Ahora bien, más allá de la persecución penal, necesitamos una agenda temprana de prevención social con una oferta programática sólida y con evidencia, orientada a fortalecer el rol parental con buenas prácticas de crianza, así como también a potenciar los factores protectores y disminuir los de riesgo en el surgimiento de conductas problemáticas que deriven en delito. No podemos sólo reaccionar y seguir llegando tarde.