1 Promover financiamiento hacia las startups
Así ven la situación normativa del venture capital en Chile Loreto Villalón (LV), chief legal officer de PhageLab, y Tabata Torbellino (TT), de Bloomridge Corporation.

LV: 'El 2023 marcó un año difícil para el venture capital (VC) en Latinoamérica. Después de un período de crecimiento continuo, hemos visto una fuerte desaceleración.
Las startups que buscaban levantar capital en este nuevo escenario se vieron especialmente afectadas, teniendo que extender sus esfuerzos de financiamiento fuera de la región. Esta internacionalización forzada puede ser una oportunidad para acceder a mercados de capital más maduros, pero también introduce complejidades como estructuras societarias intrincadas y la gestión de múltiples jurisdicciones. Este proceso supone un desafío para startups originalmente ligeras y ágiles. El aumento de los costos operativos, la adaptación a distintas culturas y regulaciones más estrictas requieren un cambio estratégico significativo.
Afortunadamente, las startups se caracterizan por su resiliencia y alta capacidad para adaptarse a los cambios. Tras un período de ajuste, muchas han establecido holdings en jurisdicciones como Caimán o Delaware, han abierto nuevos mercados y han logrado adaptarse y continuar operando efectivamente bajo estas nuevas estructuras'.
TT: 'Contar con una regulación potente siempre suena bien. A los abogados nos gusta la regulación, nos da claridad y nos permite navegar de manera más segura y certera en las aguas, no siempre pacíficas, de los sectores en los que nos desempeñamos.
Esto no significa que dicha regulación deba ser pesada, sino que puede ser lo necesariamente fuerte para proteger a todos los stakeholders, pero a la vez, lo suficientemente amplia como para permitir el desarrollo de un sector que podría verse restringido por una excesiva regulación, como es el caso de la industria del VC.
Actualmente, las empresas en etapa de startup requieren, en su mayoría, de un apoyo financiero de terceros. Estas inyecciones de capital podrán provenir de capitales nacionales, pero sobre todo, de inversionistas extranjeros. De esta manera, las industrias nacionales no solo deberán competir con otras empresas connacionales que quieren acceder a los mismos capitales, sino que también con startups de otras jurisdicciones, cuyas regulaciones pueden ser más VC friendly.
Es por esto que urge una mirada estratégica de como regular el VCy el universo startup. Un camino es propiciar ciertas regulaciones específicas que tienen relación directa con el ecosistema y que van a permitir a Chile posicionarse como una jurisdicción que potencia el VC. Avanzar en la aprobación de la ley de Privacidad de Datos y en la creación de los mecanismos para darle una aplicación completa a la ley Fintech, junto con implementar la ley de Ciberseguridad, son puntos esenciales'.

2 El despliegue de la Ley Marco sobre Ciberseguridad
Esta es la mirada de Chantal Bass (CB), especialista legal de ISA Interchile, y Rocío Vergara (RV), abogada senior de Banco Falabella.

RV: 'La Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información establece una nueva institucionalidad para fortalecer la seguridad digital, prevenir ataques y garantizar la continuidad de los servicios ante contingencias ocurridas en el ciberespacio.
Establece obligaciones a toda entidad, pública o privada, que preste servicios esenciales o que sean calificados como operadores de importancia vital. Crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), un Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad, un Comité Interministerial sobre Ciberseguridad y equipos de respuesta a incidentes.
Sin perjuicio que se debe esperar a la dictación de los respectivos reglamentos para ver cómo se desarrollará la implementación, el nuevo marco regulatorio conlleva el desafío de lograr una efectiva coordinación entre privados y el Estado, para lo cual ambos sectores deben contar con capital humano con conocimientos técnicos y experiencia, así como canales de comunicación adecuados.
Por su parte, las pymes impactadas por la ley enfrentan desafíos especialmente significativos, considerando que muchas no cuentan con un área específica dedicada a esta materia y que sus recursos son más restringidos. Es esencial que estas empresas adopten medidas proactivas, invirtiendo en tecnología adecuada y capacitando a su personal para garantizar el cumplimiento continuo de las leyes de ciberseguridad y la protección de sus activos digitales'.
CB: 'El contar con un marco regulatorio y una institucionalidad que sea coherente con el momento en que nos encontramos, es siempre bien recibido por los regulados. Sin embargo, a la luz de la nueva normativa, son nuevos los desafíos para que no sea una mera declaración en papel o un desincentivo a la inversión y tenga una aplicación que beneficie a la sociedad en su conjunto.
En este sentido, la ANCI y aquellos que sean parte de esta, tendrán un papel trascendental en la implementación, ya que es la encargada de calificar quiénes son los sujetos obligados, prestar cooperación, aplicar e interpretar la normativa, y a su vez, fiscalizar, conocer y sancionar. Es una interrogante válida desde aquellos que seremos regulados, si tendremos un organismo con la suficiente autonomía, nivel de capacidades y presupuesto para lograr todas esas atribuciones de manera adecuada.
De este modo, y sumado que está pendiente aún la dictación de diversos reglamentos, es prematuro dar una opinión más acabada de las implicancias en la industria, pero estamos a la espera de que esta traiga un beneficio y no una carga desproporcionada que no diga relación con una adecuada evaluación de los riesgos. Sin duda, como empresa se nos presenta el desafío de revisar las medidas que hemos tomado, lo que implica continuar por la senda de la preparación, la educación continua y una cultura centrada en la seguridad'.

3 El largo camino rumbo a un sistema de finanzas abiertas
Analizan: Paz Fuentes (PF), abogada senior de Banco Falabella; Isabel Margarita Cabello (IMC), directora de Transbank; Carolina Flisfisch (CF), gerenta de Riesgo y Asuntos Legales de Redbanc; Paulina Plaza (PP), abogada senior de Mercado Pago, y Catalina Aranda (CA), abogada de Cajas de Chile.

CA: 'El Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) es uno de los grandes avances en materia de inclusión financiera y competencia que trajo la Ley Fintech, publicada en 2023. Este sistema consiste en el intercambio de información financiera y transaccional de clientes entre entidades participantes del sistema. Para realizar dicho intercambio, la ley exige el consentimiento expreso del cliente, reforzando el derecho de propiedad de las personas sobre sus datos. El objetivo de este sistema es fomentar la inclusión financiera, la competencia y promover la innovación.
El SFA afecta de manera muy positiva especialmente a las startups o emprendimientos que ofrezcan servicios basados en información e iniciadores de pago, pues el acceso ágil y seguro a la información financiera de los clientes (una de las principales barreras de entrada) les permitirá desarrollar y ofrecer productos más competitivos y que se ajusten a las necesidades de las personas. El SFA presenta también la oportunidad de generar alianzas estratégicas con la industria tradicional.
Sin embargo, el gran desafío será su implementación. Para ello, todavía falta la emisión por parte de la CMF de la normativa secundaria que regule detalles tales como estándares técnicos mínimos aplicables, ciberseguridad, distribución de costos, consentimiento, autenticación, entre otros'.
CF: La implementación de un SFA implica un desafío relevante para todos los actores de la industria financiera, incluyendo la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a quien la ley le delegó la facultad de dictar la normativa complementaria para la implementación, funcionamiento y operación del sistema, así como su supervisión.
Si bien la Ley Fintech entró en vigor en 2023, las normas relativas al SFA serán obligatorias de manera gradual, a contar de la fecha en que la CMF emita la normativa complementaria, para lo cual tiene plazo hasta julio de 2024. Es clave que la normativa que dicte la CMF contemple lo que en países con SFA exitosos se conoce como el 'marco de confianza', el cual habitualmente es administrado de manera centralizada, con el uso de herramientas tecnológicas especializadas. Se trata de reglas que generan confianza y credibilidad en el ecosistema y permiten identificar aquellas instituciones que se encuentran habilitadas para participar del mismo.
PP: 'Uno de los desafíos más importante para todos quienes quieran participar en el SFA, será lograr finalmente la llamada interoperabilidad del mismo, la cual debe cumplir con el objetivo de que las instituciones participantes puedan comunicarse y compartir datos de manera efectiva, fácil y estandarizada. Otro aspecto que se debe tener presente durante el proceso de dictación de la normativa secundaria es, poner en el centro a los usuarios (para que el diseño del SFA realmente cumpla con lograr una verdadera inclusión financiera) y permitir que dichos usuarios a nivel general entiendan de qué estamos hablando cuando se haga referencia al SFA, y que logren percibir los reales beneficios. El corazón del SFA está en entregar a nuestros clientes finales más y mejores servicios financieros, llegando a un público que quizás nunca tuvo acceso o lo tuvo en condiciones muy poco atractivas'.
IMC: Este nuevo sistema tiene el potencial de revolucionar el sector financiero chileno, abriendo nuevas oportunidades para las startups financieras. Tendrán mayor acceso a clientes (ya que los consumidores podrán acceder a sus productos y servicios a través de una variedad de canales), mejores datos (pueden ayudar a desarrollar productos y servicios más personalizados y relevantes) y mayor eficiencia (no tendrán que recopilar datos financieros de los consumidores por sí mismas.
Los desafíos para las startups financieras son competencia (por la entrada de nuevos participantes), regulación (aún en desarrollo, lo que puede crear incertidumbre) y estrategia (deberán desarrollar una para aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos)'.
PF: 'La introducción del concepto de open banking, abre un abanico de oportunidades, desde la gestión de finanzas personales hasta la innovación de productos. Sin embargo, este nuevo horizonte no está exento de retos regulatorios, destacando la necesidad de equilibrar la experiencia del cliente con requisitos de seguridad y confiabilidad.
La clave pareciera basarse en tres pilares. El primero sería la gestión de datos personales, considerando la seguridad como base fundamental. En este contexto, la urgencia de una nueva ley de protección de datos personales es evidente. Otro pilar es la ciberseguridad; la falta de esta puede dar lugar a fugas de información y vulnerabilidades. Finalmente, se encuentra el pilar de la educación financiera. Las entidades bancarias desempeñan un papel protagónico al impulsar su promoción y al proporcionar la información necesaria sobre los procedimientos que permitan a los clientes ejercer adecuadamente sus derechos'.

4 El impacto de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales
La mirada de Silvana Rosso (SR), corporate legal advisor de Nestlé Chile; Magdalena Agüero (MA), gerenta legal y oficial de Cumplimiento de Inmobiliaria Molina Morel; Gabriela Palacios (GP), jefa de Compliance de Sky Airline; Daniela Manzano (DM), chief compliance officer en CCLA Group, y Caroline Lüders (CL), general counsel de KPMG Chile.

MA: 'Durante 2023, la Ley 21.595 —que sistematiza las penas por comisión de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente— alarmó a la mayoría de las fiscalías, áreas legales, directores, gerentes y altos ejecutivos, quienes en su mayoría han reaccionado con preocupación ante lo extenso del catálogo de tipos penales y una eventual 'mayor responsabilidad' atendido el cargo que se ejerce en la compañía.
Esta ley debe considerarse no con alarma, sino con esperanza, trabajo y reflexión, de manera de no desperdiciar la gran oportunidad que nos entrega de mejorar los sistemas de prevención y control de riesgos, y crear modelos de prevención de delitos que sean eficaces y sostenibles.
Finalizado ya el año, si hemos construido nuestra matriz de riesgo con la participación de todas las áreas, debiésemos estar preparados para comenzar este año 2024 contestando cuáles son las áreas de riesgos de la empresa, cómo esos riesgos están cubiertos por el Modelo de Prevención de Delitos (MPD) y dónde está la evidencia y constancia de la aplicación de este modelo. Invito a considerar esta nueva ley una oportunidad de ser mejores'.
GP: 'Esta ley también modifica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, haciendo a la empresa misma responsable por prevenir esos delitos que las personas naturales pueden cometer aprovechándose de ella. Esto significa justamente que las personas que conforman las empresas (socios, directores, accionistas, dueños, trabajadores) deberán tomar la anhelada conciencia sobre la regulación que aplica a sus competencias; y que las empresas tomen conciencia sobre las posibilidades de acción de aquellos que las componen para establecer controles efectivos que prevengan o eviten la comisión de delitos .
Esta transformación normativa es una oportunidad para fortalecer la cultura de cumplimiento, una de las claves para construir cimientos sólidos que aseguren el crecimiento sostenible a largo plazo en un entorno cada vez más cambiante y desafiante'.
SR: 'Las empresas estamos viviendo tiempos de incertidumbre, toda vez que la nueva normativa de Delitos Económicos y Ambientales (Ley 21.595) plantea una serie de interrogantes.
Por una parte, se ha generado incertidumbre de cómo abordar correctamente la implementación de MPD de las compañías. La nueva ley contempla la posibilidad expresa de eximir a la persona jurídica de su responsabilidad en los casos en que se demuestre que ha implementado de manera eficaz el MPD. Esta definición es bastante amplia y difícil de sopesar. ¿Cómo puede una empresa determinar a priori si ha cumplido de manera 'adecuada' según sus recursos y capacidades?
Por otra parte, uno se pregunta por la aplicación efectiva de esta nueva normativa y si el Ministerio Público dispone de los recursos y capacidades materiales necesarios para la persecución de este extenso catálogo de delitos.
Por último, una vez que se comiencen a litigar casos, ¿cuántos de estos llegarán al Tribunal Constitucional por recurso de inaplicabilidad?'.
CL: 'Si bien mucho se ha hablado sobre los impactos de esta nueva norma, hay relativo consenso en que el espíritu tras ella ha sido la búsqueda de la imposición efectiva de penas privativas de libertad en casos de delitos cometidos con ocasión de una actividad empresarial y ampliar el alcance de la responsabilidad penal de las empresas.
Este último aspecto presenta un importante desafío para las empresas, en especial para las pymes que quedarán también bajo la influencia de esta ley, lo cual debe ser encausado con miras a la creación de una cultura de compliance y conducta ética, tomando como punto de partida los principios ASG asociados a gobierno corporativo. La ley debe mirarse como una oportunidad de replantearse las políticas de compliance y sus sistemas de prevención de delitos con el objetivo de fomentar una conducta ética con miras al bien común, poniéndose estas nuevamente al servicio de las personas, ya sea aquellas que forman parte de la organización como a los stakeholders'.
DM: 'La conversación sobre los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) ha ganado fuerza. Esto sugiere una tendencia regulatoria que se perfila hacia la adopción de criterios ASG en un espectro más amplio, lo que plantea un desafío significativo para startups y emprendimientos.
Aquellas que incorporen criterios ASG como buenas prácticas antes de que se vuelvan obligatorios estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos que conlleva su implementación. Más allá de las exigencias normativas, esta anticipación estratégica permitirá a las empresas destacarse sobre otras que esperan la obligatoriedad de la implementación de estos criterios. Prepararse para los criterios ASG no solo es una obligación, sino una estrategia inteligente para garantizar que las empresas sigan siendo relevantes a futuro'.

5 IA: Cómo proteger derechos sin ahogar la innovación
Este análisis lo realizan Macarena López (ML), gerenta legal de TI, Privacidad y Ciberseguridad de Falabella; Ximena Rojas (XR), directora del Programa Inteligencia Artificial y Derecho de la Facultad de Derecho de la UDP y gerenta Legal y de Asuntos Regulatorios de Netline, y Rosario Letelier, gerenta legal y de Cumplimiento en Defontana.

ML: 'Es complejo entender y legislar sobre tecnologías en constante evolución. Hemos sido testigos de cómo la inteligencia artificial (IA) se ha ido convirtiendo en una fuerza transformadora en nuestra sociedad, prometiendo innovaciones sin precedentes, pero también planteando desafíos éticos y de seguridad significativos. A medida que exploramos el imperativo de una regulación efectiva, la reciente propuesta de una ley de la Unión Europea (UE) proporciona un marco crucial.
Uno de sus aspectos más destacados es la clasificación de los sistemas de IA según el nivel de riesgo que presentan. Los de alto riesgo, como los usados en el ámbito médico, policial o en el transporte, estarán sujetos a estrictas obligaciones antes de su implementación. Incluyen la necesidad de una evaluación de riesgo exhaustiva, la transparencia en el funcionamiento del sistema y supervisión humana adecuada.
También aborda los sistemas de IA de riesgo menor, proponiendo un enfoque basado en la transparencia. Por ejemplo, los usuarios deberían ser informados cuando interactúan con un chatbot. Además, la propuesta prohíbe ciertas prácticas consideradas inaceptables, como los sistemas de IA que manipulan el comportamiento humano para causar daño o los sistemas de vigilancia masiva indiscriminada'.
RL: 'Estamos viendo una especie de carrera contra el tiempo de cómo las empresas implementan proyectos de IA a gran escala en áreas como el servicio al cliente, la automatización y las bases de conocimientos internos, logrando así avances significativos en eficiencia y productividad. La regulación de estas tecnologías es crucial para fomentar una innovación tecnológica responsable.
En Chile, la regulación más importante es el proyecto de ley de Protección de Datos Personales, que busca elevar los estándares de seguridad y privacidad al nivel del Reglamento General de Protección de Datos de la UE. El proyecto incluye cambios significativos en el uso de tecnologías emergentes tales como las decisiones automatizadas y elaboración de perfiles, uso de datos biométricos, entre otros. Establece la creación de una Agencia de Protección de Datos, que certificará a las empresas con un Modelo de Prevención de Infracción, en el que deberán incluir un delegado de protección de datos. Además, establece la obligación para el uso de estas tecnologías de realizar evaluaciones de impacto, auditorías y certificaciones para acreditar una responsabilidad proactiva en materias de privacidad y seguridad de la información.
Alinearse con estándares internacionales beneficia a las empresas chilenas, dejándolas mejor posicionadas para competir, y genera oportunidades para alianzas e integraciones con socios que requieren estándares de alto nivel. El proyecto, sobre todo, permite la libre circulación de datos de manera segura, mejorando la confianza en el ecosistema digital. Lejos de ser un impedimento para la innovación, estas regulaciones son un estímulo hacia un desarrollo responsable'.
XR: 'Las enormes ventajas que la IA plantea también vienen asociadas de incertidumbre, desconocimiento y temor. Lo cierto es que aún cuando nos atemorice la incertidumbre, los reales impactos de IA también plantean grandes oportunidades.
Una de las más relevantes a corto plazo es aplicarla a la administración de justicia, especialmente, la resolución de conflictos de baja complejidad. Ya se ha demostrado que el procesamiento de decisiones judiciales por IA es posible y susceptible de aplicarse en materia civil, comercial y administrativa, para ayudar a mejorar la previsibilidad de la aplicación de la ley y la coherencia de las decisiones judiciales. Ello, siempre y cuando dispongamos de mecanismos que permitan garantizar el respeto de las garantías fundamentales. En materia penal, su uso parece más improbable para cumplir con los desafíos de las garantías que dicho proceso exige'.

6 El complejo desafío del almacenamiento de energía
Sofía Hübner (SH), abogada de Transelec; Patricia Méndez (PM), especialista legal en ISA Interchile, y Katty Briceño (KB), general counsel de Solarpack Latam, desmenuzan este reto.

KB: 'Chile se ha fijado como objetivo que su sector eléctrico sea 100% renovable para 2050. Para alcanzarlo, es indispensable el desarrollo de proyectos de energía renovable, pero para asegurar la entrada de estas energías a la matriz, los proyectos de almacenamiento de energía serán clave.
Para ello, el Estado ha buscado fomentar la implementación de este tipo de sistemas, promulgando en 2022 la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad y en abril de 2023, la Agenda Inicial para un Segundo Tiempo de la Transición Energética. El almacenamiento implica un desafío enorme en materia de regulación y en innovación. Entender la regulación vigente y faltante, las necesidades de las industrias y los beneficios y estímulos en los clientes finales, permitirá que emprendimientos inviertan y masifiquen el almacenamiento de energía de forma tal que nos permitan avanzar como país en el desarrollo de diseño, ingeniería, instalación y pruebas de estos sistemas.
Con la posibilidad de instalar proyectos de almacenamiento stand-alone, esto es, conectados directamente a la red sin necesidad de un parque renovable de por medio, se abre un desafío comercial, técnico, regulatorio y legal y un sinfín de oportunidades tanto para los incumbentes como para nuevos actores. El desafío es aún mayor si nos referimos a sistemas de almacenamiento residenciales en que los elevados costos de inversión, versus la falta de incentivos monetarios a los usuarios aún no permiten avanzar'.
SH: 'La transición energética requiere de pasos estratégicos y el almacenamiento es uno de ellos. Actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso el proyecto de ley sobre Transición Energética (PdL) y en Contraloría se ingresó recientemente las modificaciones a la remuneración del pago de potencia de suficiencia. Ambos cambios regulatorios buscan precisamente incentivar y fomentar la inversión del desarrollo de esta nueva tecnología.
La optimización del marco regulatorio posicionará al país en la vanguardia de la transición energética, acelerando la adopción de sistemas sostenibles y contribuyendo a las metas de descarbonización. Al facilitar la integración de tecnologías de almacenamiento, Chile está sentando las bases para una red eléctrica más estable, flexible y resiliente, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y abrazando un futuro energético más limpio.
El almacenamiento de energía es un desafío, y es precisamente ello lo que hace surgir nuevas oportunidades de innovar y ofrecer soluciones eficientes en el mundo startup y las que logren desarrollar soluciones eficaces y económicas se posicionarán para liderar este mercado en expansión'.
PM: 'El desafío está en cómo logramos integrar estas tecnologías en el escenario actual chileno. Aún existen ciertas incertidumbres respecto de cómo van a operar y remunerarse este tipo de instalaciones. Además, el reglamento de potencia, recientemente aprobado, no genera los incentivos explícitos adecuados para instalar sistemas de almacenamiento de energía de mayor duración.
El no contar con las certezas jurídicas y regulatorias en relación a cómo se operará y remunerará las instalaciones de almacenamiento no permite entregar las señales correctas a los distintos interesados, para realizar inversiones en este tipo de tecnología'.

7 ¿Requiere Chile una legislación respecto de los nómadas digitales?
Responden Angelina Migliorelli (AM), employment counsel para Latam de Oyster, y Consuelo Letelier (CL), directora legal en Talana.

CL: 'Los nómadas digitales son profesionales que usan las nuevas tecnologías para trabajar alrededor del mundo, pudiendo cambiar de residencia varias veces al año, disfrutando los beneficios de viajar, mientras se trabaja.
Es un fenómeno que se está volviendo cada vez más usual, de hecho existen decenas de países que ofrecen visas o residencias especiales para estos efectos (España, Portugal, Indonesia, Tailandia, Brasil, Colombia…). Estas permiten a estos trabajadores permanecer por entre seis meses y un año en dichos lugares y que les ofrecen, incluso, regímenes impositivos más favorables.
Esta realidad, mucho más flexible en el ámbito laboral, puede permitir a las empresas buscar talentos en lugares más remotos y así, acceder a una mayor oferta de perfiles. Además, un nómade digital puede aportar diversidad y cultura a una organización, trayendo quizás ideas o puntos de vista distintos que enriquezcan a la empresa. El nomadismo digital genera un gran impacto en las startups, ya que el perfil de trabajadores que necesitan estas compañías son precisamente los que se encuentran más predispuestos a adoptarlo.
La ley laboral chilena solo rige dentro del territorio nacional y, en consecuencia, los trabajadores que se encuentran fuera del país, aunque realicen actos que vayan a producir efectos en Chile, quedan regidos por las leyes del país en el que se encuentran. Esto plantea todo un desafío para los empleadores y el cómo abordarán el cumplimiento de las distintas legislaciones, así como encontrar fórmulas para proteger a sus trabajadores, brindarles seguridad social, etc.'.
AM: 'Chile, conocido por su impresionante belleza natural y su economía en crecimiento, se encuentra actualmente ante un desafío en el ámbito de la atracción de talento internacional, especialmente en el contexto de emprendimientos y startups. A diferencia de algunos países que han implementado programas de visa nómada, Chile aún no ha adoptado medidas específicas para facilitar la entrada de profesionales extranjeros con ideas innovadoras. Y sin quererlo quedamos últimos en la región en materia migratoria mientras nuestros vecinos nos sacan ventaja rompiendo las fronteras en busca de la modernización.
Este escenario plantea varios desafíos para nuestro país. En primer lugar, la falta de un programa de visa nómada limita la diversidad en el ecosistema empresarial chileno. La innovación a menudo surge de la combinación de diversas perspectivas y experiencias, y la incapacidad para atraer talento internacional obstaculiza este proceso creativo. La competitividad global también está en juego. Países que han implementado políticas más abiertas para emprendedores extranjeros se convierten en destinos más atractivos, llevando consigo oportunidades de negocios que podrían haberse establecido en Chile. Además, la falta de diversidad en el ecosistema empresarial podría contribuir al estancamiento. La capacidad de adaptarse a las tendencias globales y abrazar nuevas ideas es crucial para el crecimiento sostenible, y la ausencia de perspectivas internacionales podría dejar a Chile rezagado en términos de innovación. La creación de un programa de visa nómada o la mejora de los procesos de visa existentes podría marcar la diferencia y posicionar a Chile como un destino atractivo para emprendedores de todo el mundo. Tenemos que ponernos al día y derechamente legislar sobre la materia'.

8 ¿Se sigue prolongando la espera por una Ley de Protección de Datos?
Los desafíos y oportunidades que trae, según Victoria Aylwin (VA), legal manager de ADP; Paula Droguett (PD), senior legal specialist en Cabify, y Marcela Insunza (MI), legal & compliance director de ARCO Latam.

PD: 'La norma sobre protección de datos personales chilena fue publicada en 1999, y como su propio título indica fue creada bajo lógicas de los años 90, y su objeto es la protección de la vida privada. Sin duda, es necesario avanzar hacia una actualización integral en la normativa, y es relevante hacerlo incluso antes de intentar regular otros asuntos que actualmente están más de moda como, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa o los tan aclamados neuroderechos, entre otros. De hecho, ya hemos tenido avances legislativos importantísimos en materia, por ejemplo, de ciberseguridad, creándose incluso la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y, aun así, en materia de protección de datos (la otra cara de la misma moneda) seguimos rigiéndonos por una normativa que data de hace más de 30 años. Incluso después de que la protección de datos personales fuera elevada a rango constitucional, ya en el año 2018 con la ley N° 21.096.
Es importante, además, contar con una ley marco en este asunto que regule de igual forma el actuar de autoridades y entes fiscalizadores, de manera de evitar lagunas o inconsistencias en la proliferación de normativas sectoriales, que podrían crear tensión y falta de claridad respecto del marco regulatorio en que se deben mover las empresas, y poca certeza jurídica a las mismas respecto de su ámbito de actuación. Mientras seguimos en este escenario, muchas empresas nacionales se han visto en la necesidad de avanzar en autorregularse en base a experiencia y principios internacionales. Así, existen múltiples empresas en el país que se han sometido a estándares mucho más altos en materia de protección de datos personales que lo que nuestra normativa local exige y es hora de ponernos al día'.
VA: 'El proyecto de ley que busca modificar la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, es un cambio rotundo de paradigma sobre los datos personales. Pero, una vez más, este proyecto ha quedado para después. Es de esperar que con la reciente aprobación de la nueva Ley Marco de Ciberseguridad, se asuma la premura de tener una marco regulatorio armónico para Chile. Desde la perspectiva corporativa, se ha reiterado mucho que la aprobación oportuna de esta ley nivelará a Chile en el circuito mundial haciendo nuestro mercado más competitivo, aumentando el prestigio país, generando mejores acuerdos comerciales, etc. Sin embargo, es importante destacar la externalidad positiva que generará localmente desde la perspectiva ciudadana. El incentivo a desarrollar un modelo de prevención de infracciones (MPD) redundará en que se acorte la gran brecha que existe entre consumidor y empresa dado el desequilibrio informativo actual. Hoy es casi imposible que una persona sepa realmente qué sucede con sus datos, cómo se protegen o a quién se transfieren. Con la aprobación del proyecto será menos complejo para las personas saber cómo una empresa está tratando su información y los mecanismos de resguardo que utiliza'.
MI: 'Para las startups y emprendimientos, esta ley, cuando se apruebe, presentará desafíos significativos. En primer lugar, implica una adaptación a estándares más estrictos de manejo de datos, lo que puede requerir inversiones en sistemas y capacitación. Los nuevos emprendimientos deben incorporar prácticas de privacidad desde el diseño y por defecto, lo que podría aumentar los costos iniciales. Sin embargo, esta adaptación es fundamental no solo para cumplir con la ley, sino también para generar confianza en los clientes.
Desde una perspectiva positiva, esta ley abre oportunidades para las startups, especialmente aquellas en el ámbito tecnológico. La demanda de soluciones para el cumplimiento de la legislación, como herramientas de cifrado, análisis de vulnerabilidades o gestión de consentimientos, está en auge. Esto representa un campo fértil para la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios'.

9 Avanzando en flexibilidad laboral: Clave para cerrar brechas de género
Esta es la visión de Camila Valenzuela (CV), asesora legal de Sofofa, y Constanza Balieiro (CB), abogada senior de Falabella Corporativo y jefa de Relaciones Laborales en Ikea.

CB: 'En la era pospandemia, la flexibilidad laboral ha emergido como una fuerza transformadora, rediseñando el panorama laboral y desafiando las convenciones establecidas, especialmente en el mercado legal, área donde el desarrollo del talento femenino se ha visto históricamente obstaculizado. Al ofrecer opciones como horarios flexibles, trabajo remoto y tiempo parcial, las empresas pueden atraer y retener talento diverso. Tanto así que Claudia Goldin, última ganadora del Premio Nobel de Economía, señaló que la flexibilidad laboral puede ser la clave para cerrar las brechas de género laboral y salarial.
Las palabras de Goldin cobran realidad en la ley recientemente despachada de conciliación de vida personal, familiar y laboral, la que establece la posibilidad de teletrabajo para trabajadores que tengan un rol de cuidador familiar, en la medida que la naturaleza de sus funciones así lo permita, constituyendo un tremendo paso para nuestro país en materia de flexibilidad laboral'.
CV: 'La aprobación de la Ley de 40 Horas trajo la incorporación de distintos elementos que avanzan en materia de flexibilidad laboral. Las empresas tendrán nuevas herramientas y alternativas para atraer y retener talento, ofreciendo mecanismos de flexibilidad en materia de jornada, que son beneficios altamente valorados por trabajadores debido, entre otros motivos, a las ventajas que entrega en la compatibilización de la vida personal y el trabajo.
Sin embargo, la nueva ley contempla igualmente cambios que, de no implementarse adecuadamente, podrían afectar la flexibilidad y opciones que hoy tienen algunos trabajadores. En particular, elimina la disposición que permitía que, en el caso del teletrabajo, las partes puedan acordar que el trabajador quedara excluido de la limitación de jornada de trabajo, por estar contratados para prestar sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, por medios informáticos o telecomunicación. La nueva legislación, en cambio, acota esta posibilidad'.

10 REP y PUSU: Normativas que impulsan la economía circular
Esta es la visión de Pía Fertilio (PF), gerenta legal y de Asuntos Regulatorios de Coca-Cola Andina; Constanza Abarca (CA), gerenta de Asuntos Regulatorios de CCU, y Gabriela Farías (GF), gerenta jurídica y de Asuntos Gubernamentales en Natura & Co.

PF: 'En septiembre entraron en vigencia las metas de recolección y valorización de envases y embalajes asociadas a la Ley N° 20.920 que establece el marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje ('Ley REP'). Asimismo, la Ley N° 21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso (Ley 'PUSU') señala que, a partir del año 2025, las botellas plásticas de un solo uso deberán estar compuestas por un porcentaje de plástico recolectado y reciclado dentro del país.
La Ley REP plantea el desafío de dar cumplimiento a las metas de recolección y valorización, lo que requerirá de grandes campañas de concientización y educación ambiental, como también de esfuerzos importantes por parte de los sistemas de gestión (SIG) en su puesta en marcha. Por otra parte, la Ley PUSU considera como desafío la incorporación de material reciclado en la fabricación de botellas plásticas, lo que será posible mediante la construcción de plantas botella a botella. Esto implica la necesidad de una integración armónica de leyes de manera que —asegurándose el cumplimiento de las metas REP— no se generen distorsiones por no haber disponible plástico PET para el cumplimiento de la Ley PUSU.
Así, se hace necesario contar con un complemento reglamentario que permita hacer a los SIG parte del sistema de cumplimiento de la Ley PUSU. Por otra parte, debe evaluarse la posibilidad de asignación directa de plástico PET recolectado a aquellas empresas obligadas bajo la Ley PUSU que estén dispuestas a pagar los costos de la recolección cuando se hayan superado las metas de la Ley REP.
Desde la mirada de los emprendimientos, el desafío se traduce en la posibilidad de desarrollar soluciones para avanzar en el cumplimiento de las metas de recolección y valorización, en particular, ligados a objetivos de educación ambiental, el uso de tecnología y el desarrollo de innovaciones para aumentar la capacidad de valorización en las distintas regiones'.
CA: 'Las leyes REP y PUSU son dos reformas regulatorias que cambian por completo la manera de entender la gestión de los residuos en Chile y el posicionamiento de una economía circular. En ambas regulaciones se está a la vanguardia dentro de la región.
REP tiene desafíos internos y externos. Desde el punto de vista interno los SIG deben consolidarse y responder al mandato que le otorgaron sus Productores, por lo que debe desplegarse a nivel nacional, enfrentar la complejidad logística de nuestra geografía y generar los incentivos adecuados para la participación y gestión en sus bases de licitaciones, controlando los costos de dicha gestión. Desde el punto de vista externo REP deberá crear un ecosistema virtuoso, trabajar en conjunto con los usuarios que han conformado estos sistemas por años (recicladores de base, transportistas de residuos no peligrosos, puntos de acopios regulares), generando las capacitaciones y regularizaciones en toda la cadena de trazabilidad. Por último, como hito de gran importancia se deberá educar a la ciudadanía para que participe activamente en la recolección y separación.
PUSU, por su parte, deberá también generar una sofisticada industria nacional, costos de maquinaria especializada, procesos y protocolos que permitan la inocuidad, así como el acompañamiento en la tramitación de permisos sectoriales, y el reconocimiento de los residuos como materia prima, para mejorar la logística inversa de los mismos en los sistemas de transporte'.
GF: 'Mirando los desafíos de este 2024, la invitación es a detener la mirada en uno de los protagonistas de este nuevo escenario, históricamente relegado a un segundo plano: el reciclador de base. El nuevo marco normativo (Ley REP), trae un importante desafío, que escapa el netamente legal, que es el incluir a quienes por años han sido excluidos, formalizar un sector que históricamente ha operado por bajo de las estructuras.
Para una integración exitosa, será necesaria una concientización transversal y coherente de todos quienes son parte de esta ley REP. La seriedad y el compromiso con el cual el resto de los actores haga suyo el principio de inclusión que establece la ley REP, se relacionará directamente con los beneficios que traerá para todos contar con un sistema de recolección eficiente, organizado, y que cumpla hábilmente con su rol'.