El consumo y mal uso de estupefacientes y psicotrópicos ha aumentado considerablemente en el mundo, lo que se ha llamado 'epidemia de los opioides'. Chile no es la excepción. Según el informe 2022 de la ONU de Sustancias Psicotrópicas (JIFE), somos una de las naciones con más alto consumo de anfetaminas a nivel mundial. Hemos visto una creciente venta ilegal de medicamentos en las calles y ferias libres, a lo que se suma la reciente comercialización ilícita de fentanilo, también conocida como la 'droga zombie'.

Los estupefacientes y psicotrópicos, aunque útiles en tratamientos médicos específicos, representan un desafío debido a sus riesgos para la salud pública en su uso incorrecto.

En este escenario, junto a un grupo de docentes de la Universidad Católica, con el apoyo del Centro de Políticas Públicas UC, propusimos las bases para el desarrollo de una política nacional de registro y control de estupefacientes y psicotrópicos, para contar con vigilancia farmacológica efectiva, una gobernanza sólida y un enfoque multidimensional. Para ello se realizaron análisis de documentos, revisión de siete países que han implementado estas políticas y sistemas de prescripción electrónica, y entrevistas a actores relevantes en la materia.

El sistema actual de registro, control y vigilancia de estos medicamentos está focalizado en la detección de reacciones adversas, existiendo limitaciones en la notificación de situaciones de abuso o dependencia. El principal desafío es implementar un programa de monitoreo continuo de estos medicamentos, así como un sistema de prescripción electrónica. Diversos estudios han demostrado que estos programas se asocian a una reducción en la prescripción, venta y compras médicas de opioides, muertes y hospitalizaciones asociadas, reducción de las visitas a urgencias y disminución de los costos de hospitalizaciones.

Creemos que es necesario contar con una propuesta armonizada con la normativa vigente y de los proyectos de ley que se encuentran en discusión en el Congreso, junto a una adecuada protección de la privacidad de los datos sensibles de salud, debida entrega de información a los pacientes sobre el registro electrónico y resguardo de la confidencialidad médico-paciente.

Proponemos seis principios rectores para el desarrollo del programa, incluyendo obligatoriedad, secuencialidad, integración con sistemas de atención médica, capacidad técnica de análisis y vigilancia, sostenibilidad financiera e interacción entre entidades estatales.

Una propuesta como esta requiere compromiso político multisectorial de las autoridades involucradas, y depende de un trabajo de implementación gradual tanto en ámbitos normativos, tecnológicos, técnicos y de gestión. Creemos que contamos con las condiciones necesarias para poner en práctica este registro cuanto antes y estamos disponibles para colaborar en su diseño e implementación.