Según el estudio Sociedad en Acción, del Centro de Políticas Públicas UC, en Chile existen 234.502 organizaciones de la sociedad civil, las que resultan importantísimas en la construcción social. Prestan servicios en ámbitos a los que no llegan ni el mercado ni el Estado y, por lo general, son iniciativas privadas lideradas por personas con un profundo compromiso social.

La mayoría de estas organizaciones vive el día a día marcado por la búsqueda de financiamiento, lo que se ha convertido casi en un calvario después que estallara el 'caso convenios'. En los últimos meses, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil (OSC) se encuentran en el banquillo de los acusados, aun cuando realizan un tremendo aporte a la sociedad.

Si eres una OSC y tienes la forma de fundación, el camino se hace hoy más difícil. No sólo ha aumentado la desconfianza de la ciudadanía, sino que los líderes políticos han establecido nuevas condicionantes para el acceso a recursos. En 2024 las fundaciones y corporaciones no podrán postular a fondos de los gobiernos regionales, ni hay claridad sobre cómo se ejecutará el presupuesto del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para proyectos sociales y comunitarios.

El caso de Democracia Viva y otros de la misma calaña han hecho un tremendo daño al sector. ¿Por qué se castiga a un enorme conjunto de instituciones que han venido haciendo el bien de forma desinteresada, honesta y eficiente? ¿Es que la desfachatez de unos pocos tiene que afectar a todos los que se apegan a las normas y trabajan honestamente?

En Fundación Tacal estamos convencidos que esto no es así. Existen mecanismos simples de control y minimización de riesgos que reducirían significativamente las posibilidades de defraudar al fisco, tales como entregar los recursos de manera fraccionada, exigir cuentas bancarias de uso exclusivo de cada proyecto con rendiciones mensuales y garantías, trayectoria y acceso a recursos según experiencia y tamaño.

En nuestro caso, el trabajo que iniciamos hace 38 años para capacitar e insertar a personas con discapacidad en el mundo laboral ha permitido que más de 2.700 personas accedan a un empleo estable. Esperamos y estamos disponibles para aportar en procedimientos de rendición de cuentas y control desde nuestra experiencia. Es imprescindible que nos bajen del banquillo de los acusados.