La sociedad concesionaria Nuevo Pudahuel, que opera el aeropuerto de Santiago, acudió al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) cuestionando el proceso de licitación del duty free que fue convocado en octubre de 2023 por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Servicio Nacional de Aduanas.
En un escrito ingresado al TDLC, la abogada Vanessa Facuse, en representación de Nuevo Pudahuel, señaló que 'de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 31 del Decreto Ley N°211, solicito al H. Tribunal admitir a trámite el presente asunto no contencioso con el objeto de que resuelva si las bases de licitación para concesionar los Almacenes de Venta Libre o Duty Free Shop, ubicados en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, contemplan preceptos que puedan infringir la libre competencia o sea necesario modificar para fomentar la competencia en la licitación'.
Asimismo, el documento ingresado al TDLC el 11 de enero de 2024, señala la 'existencia de antecedentes graves y suficientes que justifican suspender el proceso de licitación cuestionado'.
La recepción y apertura de ofertas de esta licitación está prevista para el próximo 23 de enero, mientras que la adjudicación sería a más tardar el 22 de febrero.
Los motivos
La concesionaria expuso que en el marco de su interés porque se realizara con prontitud la licitación, efectuó recomendaciones a la autoridad para que estas se incluyeran en las bases de licitación, sin embargo, ello no fue considerado, sostuvo.
'Pese a que Nuevo Pudahuel está interesada en la conclusión exitosa de un proceso licitatorio a la brevedad posible, ello no supone renunciar a que aquel sea competitivo y ajustado a exigencias mínimas para este tipo de negocios, de modo de mejorar la variedad de productos ofrecidos y la experiencia general de los consumidores', indicó la concesionaria en el escrito.
La operadora del principal terminal aéreo de Chile, detalló los 'riesgos a la libre competencia', que a su juicio contienen los documentos del concurso. Por una parte, cuestionó que al operador se le fije una cuota mensual de US$ 2.000.000 a todo evento, lo que afecta la rentabilidad de la firma que explote el duty free y aumenta sus riesgos ante períodos de baja de tráfico de pasajeros en situaciones como la ocurrida en la pandemia o por conflictos bélicos.
A lo anterior, agregó que los documentos 'no contemplan incentivos a la competencia en la evaluación técnica y no promueven la inversión, al determinar un monto de inversión por metro cuadrado único de US$ 2.000 y de reinversión de US$ 200. Como resultado, los oferentes no competirán respecto del mayor y mejor uso de los espacios'.
Otro de los riesgos que advirtió es que las bases 'permiten una explotación parcial de las superficies destinadas para Duty Free, ya que facultan al futuro concesionario a utilizar solo un 65% del espacio de las tiendas del procesador central. Esto es contrario a la eficiencia asignativa y provocará atochamientos, disminuyendo la calidad del servicio en virtud de una decisión discrecional de la autoridad'.
También cuestionó el tiempo de duración del contrato. 'Establecen un periodo de duración de 12 años, que es contrario a la práctica internacional de la industria. Tal plazo repercute en un desincentivo a la presentación de ofertas (según ha mostrado la experiencia comparada en virtud de los riesgos que conlleva) y en la disminución de la competencia e innovación'. Planteó que un lapso de cinco a siete años permitiría actualizar mejor los nuevos avances que se generen en el mercado.
A la vez, indicó que 'las bases de licitación contemplan un mecanismo de asignación final de la concesión consistente en un sorteo, que no genera incentivos a competir entre oferentes'.
DGAC responde
La DGAC fue consultada por 'El Mercurio' por este tema, precisando que las bases de licitación 'fueron tomadas de razón, es decir aprobaron el examen de legalidad que realiza la Contraloría General de la República'.
La entidad añadió que 'hasta el día de hoy (ayer), la DGAC no ha sido notificada de ninguna acción interpuesta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Sin perjuicio de ello, las bases de licitación fueron elaboradas con el ánimo de obtener la mayor participación de oferentes'.
En ese sentido, indicó que 'se han recibido consultas sobre ellas de posibles oferentes tales como Grupo Motta Internacional S.A., Duty Free Americas, Aldeasa Chile Ltda., Cyrano SAS y la Srta. Daniela Tumani Crestuzzo'.
Superficie
El documento de Nuevo Pudahuel ingresado al TDLC señala que las superficies disponibles para duty free en el aeropuerto de Santiago han evolucionado 'considerablemente con el tiempo'. Indicó que en enero de 2015, el área para desarrollar esta actividad sumaba 2.617 m2 y con la nueva concesión, estas aumentaron a 5.504 m2.
Sin embargo, detalló que 'Aldeasa está utilizando únicamente 2.599 m2 , quedando cerca de 3.000 m2 sin uso, con los respectivos perjuicios y deterioro en la calidad del servicio que eso conlleva'.
Asimismo, advirtió que 'presenta una limitada variedad de productos, así como una presentación densa y desordenada'.
INTERESADOS
Un total de cinco firmas ya han consultado por las bases para la licitación del duty free.