“Estamos acatando la sentencia de la Corte Suprema”. Con esta frase, la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, justificó ayer su resolución exenta 38 que ordena “la demolición total de las obras del inmueble ubicado en avenida Borgoño 18115 de la comuna de Concón”, correspondientes al hotel Punta Piqueros, levantado a un costo de US$ 78 millones ($71 mil millones).
El fallo que citó fue dictado por el máximo tribunal del país el 30 de mayo de 2022, acogiendo un recurso de protección interpuesto por la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar. La sentencia le ordenó volver a pronunciarse sobre el requerimiento de esa organización, luego de que la seremi anterior, en 2021, rechazó dictar tal orden, como pedía la corporación detractora del hotel.
Y tal como establecía esa sentencia judicial, la resolución dictada ayer constató que ese edificio de 10 pisos, construido sobre el Peñón Oreja de Burro, carecía de permiso de edificación —el que le otorgó en 2011 el municipio de Concón fue anulado en 2013 también por la Corte Suprema— y no cumple el Plan Regulador Comunal, que en 2017 impuso reglas que las dimensiones del hotel superan en exceso.
“Hemos realizado todos los esfuerzos normativos y jurídicos para abordar el caso”, explicó la seremi, que concluyó que se cumplen requisitos del artículo 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para que, si la inmobiliaria no impugna la decisión en 10 días hábiles, ella misma disponga la demolición con cargo al Serviu.
La decisión fue gatillada por la Corporación Pro Defensa, pese a que el año pasado esta propició un avenimiento con la inmobiliaria —consistente en cambiar el destino hotelero de la construcción a un edificio de uso mixto, que pasaba por su desmantelamiento parcial—, el cual fue rechazado por el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, y el concejo municipal. A su petición, la Corte de Valparaíso había dado plazo hasta mañana a la seremi para dar cuenta del cumplimiento del fallo.
Tras ser notificados, la inmobiliaria Punta Piqueros y sus equipos jurídicos discutían los pasos a seguir para congelar el cumplimiento de la resolución. Sobre todo, luego de que el documento firmado por Paredes desestimara que el cambio de destino del hotel y el desmantelamiento de los últimos dos pisos, propuesto a través de un anteproyecto ingresado a la Dirección de Obras Municipales (DOM), fuera suficiente para evitar que se demuela.
Las reacciones ante la medida fueron disímiles. El presidente de la Cámara Regional de Comercio, Javier Torrejón, la lamentó por los efectos ambientales que pudiera tener; académicos de la U. Católica de Valparaíso anticiparon impactos en áreas protegidas y porque “pone en duda la inversión en la región y en el país, dañando la reactivación económica”.
Su par de la Asociación Gremial de Turismo y Gastronomía de Concón, Mauro Ramírez, planteó que esto alerta a los inversionistas a respetar la institucionalidad ambiental.
El alcalde Freddy Ramírez —que enfrenta una demanda indemnizatoria de Punta Piqueros, pues el municipio activó los permisos que finalmente estaban invalidados— admitió que hubo una “cadena de errores con responsabilidades compartidas”, pero que la mayor recae en la propia inmobiliaria.
Los abogados especialistas en temas urbanos Rodrigo Andreucci y Jeanette Bruna coincidieron en que aún hay mecanismos administrativos y judiciales para intentar regularizar la falta de permiso de obras del edificio construido.