En un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la confianza pública, la Estrategia Nacional de Integridad Pública marca un avance significativo. Sin embargo, como en toda iniciativa ambiciosa, la efectividad depende en gran medida de la implementación y de los sistemas que respaldan estos esfuerzos. Aquí, el papel de los auditores externos y los sistemas de control interno resulta fundamental. Si miramos el sector privado, la Norma General N'461 de la CMF establece estándares en gobierno corporativo y obliga a una divulgación empresarial transparente y estructurada.

Previo a su puesta en marcha, un estudio de Asociación de Auditores Externos de Chile en 2021 revelaba que un 59% de la información no financiera reportada por empresas carecía de la fiabilidad de los datos financieros. Esta brecha en la verificación y comparabilidad entre empresas subrayaba la urgente necesidad de una supervisión más rigurosa y estandarizada. En el sector público, las directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas exigen un alto nivel de transparencia, equiparable al del sector privado. Sin embargo, es crucial enfatizar que ningún sistema es efectivo sin un proceso de control interno eficiente y con trazabilidad de recursos. La falta de estos controles robustos es, a menudo, el talón de Aquiles en la lucha contra la corrupción.

La Estrategia Nacional de Integridad Pública, con sus 210 medidas específicas, es un avance crucial, pero se requiere un mayor enfoque en el fortalecimiento de los sistemas de control interno. En casos de corrupción municipal, hemos observado deficiencias en los procesos de control interno, ya sea por su ausencia o por problemas en su diseño. El punto 86 de la Estrategia, que propone auditorías externas para corporaciones municipales y entidades privadas, es un buen comienzo. Sin embargo, es fundamental que estas auditorías sean realmente independientes, llevadas a cabo por profesionales inscritos en la CMF. Además, es imperativo que los resultados de estas auditorías sean de dominio público y que se exija a los responsables de esa información financiera la pronta solución a los problemas detectados.

Una cosa es prevenir y otra detectar, y en el caso de algunas entidades municipales, hemos visto una preocupante falta de transparencia. Por tanto, es esencial que iniciativas como el punto 86 no sólo se implementen, sino que se enriquezcan con contenido y se respalden con sistemas de control interno que garanticen la trazabilidad y la integridad de los recursos. La Estrategia Nacional de Integridad Pública es un paso importante hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, para que estas medidas sean verdaderamente efectivas, deben ir acompañadas de un compromiso firme con sistemas de control interno eficientes, efectivos y con plena trazabilidad. Sólo así podemos asegurar que mejorar la integridad pública sea más que una declaración de intenciones.