Una escala con notas de 1 a 7 marca el último boletín de la plataforma “Actuar es urgente”, que busca monitorear, prevenir, incidir y dar seguimiento a las recomendaciones que ha recibido el Estado para acabar con la explotación sexual infantil en el país.
En esta versión califican, por primera vez, el desempeño de distintos organismos públicos y los resultados, señalan sus participantes, muestran un deficiente desempeño de las entidades involucradas en materias de infancia.
Así, la acción estatal en su conjunto solo alcanza una nota de 3,0 y un 37% de avance respecto de las recomendaciones realizadas en un primer informe de la plataforma.
“Con este desempeño tan bajo, solo vemos que el Estado está en deuda (…). De hecho, las cifras oficiales, respecto de las víctimas, son proyecciones del último estudio en 2004; asimismo, no ha habido cambios por décadas respecto de programas y coberturas”, señala Rafael Rodríguez, gerente de desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo.
Este último es uno de los organismos de la sociedad civil integrantes de la plataforma, que surgió a raíz de las conclusiones de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados sobre las situaciones de abuso y explotación sexual a niños y adolescentes bajo protección del Estado, en 2021, y de recomendaciones de organismos internacionales.
Y también destacan su preocupación por las altas cifras de denuncias que ha recibido la fiscalía por parte del Servicio Nacional de Protección Especializada por esos casos, que en mayo de 2023 llegaron a 200 víctimas.
¿Criterios de evaluación?
Son 39 recomendaciones cuyo nivel de cumplimiento es evaluado por un panel de expertos. Las calificaciones se calculan bajo parámetros que involucran información sobre el desarrollo de las medidas —se pidieron datos por Transparencia y se revisaron los sitios web de los organismos—, además de efectividad y relevancia de ellas.
Entre las instituciones se observa, por ejemplo, que la Subsecretaría de la Niñez es calificada con un 2,1 y la Defensoría de la Niñez, con 2,5, mientras que el Ministerio Público recibe un 2,7; la Subsecretaría de Justicia, un 3,9, y el Poder Legislativo y Segpres, un 4. De las 16 instituciones analizadas, la nota más alta la tuvo la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, con nota 5.
Tras conocerse estas calificaciones, los expertos concuerdan que falta control y prevención, así como coordinación para una política pública en la materia. Además, recuerdan los casos de vulneración de menores en hogares dependientes del Estado.
“Nadie se hace cargo del mandato general”
“Sin duda que urge un mayor control y políticas de prevención, así como detección temprana, que pudiesen ir asociadas no solo a obligaciones de denuncia, sino a incentivos de las mismas a través de las distintas herramientas que ofrece el sistema procesal penal”, comenta María Elena Santibáñez, consejera de la Fundación Ciudad del Niño.
Mientras que Laura Cid, coordinadora de la Red de Abogadas y Abogados por la Niñez —que integra la plataforma—, observa que “uno de los grandes problemas es que no tenemos un eje rector de la institucionalidad que se haga cargo y desde ahí poder planificar con las organizaciones de infancia, la parte pública y la privada, un trabajo coordinado”.
“El Ejecutivo no ha mandatado a ninguna institución (…), cada uno se hace cargo de ciertas cosas, y en una baja proporción”, añade.
Rodríguez advierte que “resulta urgente definir un plan de acción para proteger a las víctimas, esta debiera ser la prioridad de la Comisión Coordinadora de Protección, liderada por la Subsecretaría de la Niñez”.
Escasa representación jurídica
Es central, estima Cid, “generar políticas públicas” respecto de las redes de explotación sexual de niñas jóvenes, “en específico, aquellas bajo custodia del Estado”. También se refiere a la baja representación jurídica de los menores víctimas de estos delitos, “porque no hay una larga cobertura (…), y esa oferta tiene que ver con la que proporciona el Estado”, añade.
Santibáñez plantea que se necesita “un tratamiento diferenciado, que facilite la investigación y judicialización de estos casos, tomando en consideración que la mayoría de estas víctimas no se siente tal y, por lo tanto, no colaborará prestando declaración”.
Subsecretaría integrará recomendaciones
La Subsecretaría de la Niñez señala que ha estudiado las recomendaciones, “insumos que formarán parte de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, y su plan de acción, la cual será presentada en marzo de este año por el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, en cumplimiento de la Ley de Garantías”.
“Esto nos permitirá contar con indicadores claros y objetivos de cumplimiento”, agrega.
También, el organismo afirma que tiene un plan de trabajo que “puso énfasis” en el problema de la explotación sexual de menores, en aquellas comunas “donde este fenómeno ha presentado mayor prevalencia”.