El modelo funciona así: el Estado decide que quiere abordar, por ejemplo, el reto de subir los aprendizajes de los escolares. Entonces, “contrata” a una organización y acuerdan que solo le pagará si consigue el resultado esperado. Luego, esa entidad sale a buscar inversionistas para financiar la intervención y les ofrece un retorno. Si la intervención es exitosa y los niños aprenden, el fisco paga por el resultado (y diseña con ello una política pública) y con ese dinero, los inversionistas obtienen su ganancia. Si no resulta, el Estado no hace el desembolso, aprende que la fórmula aplicada no sirve (algo clave para no desperdiciar recursos públicos) y los inversionistas, que corrieron el riesgo, son los que pierden su capital.
Así funcionan los contratos de impacto social (CIS), una fórmula surgida en 2010 en Reino Unido para crear un mercado que atraiga inversión privada a problemas sociales y, de paso, permite al Estado probar fórmulas antes de escalarlas y no quedar amarrado a ideas que no funcionan.
Ese es el modelo que, por primera vez, acaba de aplicar en Chile la corporación Bien Público.
“Creemos que el sector público hoy está muy enfocado en la lógica de pagar por acciones y falta introducir la cultura de pagar por resultados. Tenemos que aspirar a mejor eficiencia en los programas sociales en general y en particular en educación, donde hace más de 10 años que no hay mejoras”, dice Rafael Rodríguez, gerente de Desarrollo en Fundación San Carlos de Maipo, que desde 2019 intenta traer a Chile los CIS.
A modo de piloto, San Carlos de Maipo, junto a LarrainVial y las fundaciones Colunga, Mustakis, Olivo, Emprépolis, Huella, Ilumina, Solari, Angelini, Luksic y Huneeus Quesney unieron fuerzas en Bien Público. Articularon un pagador (que hace las veces del Estado y que involucra privados, fundaciones y fondos de municipios y gobiernos regionales interesados) y, a través de un fondo levantado y gestionado por LarrainVial, consiguieron 70 inversionistas que aportaron $520 millones, con el objetivo de mejorar los resultados de lectoescritura de niños de enseñanza básica.
Probaron 19 programas de ONGs que aplicaron en 56 escuelas de todo Chile. Y el resultado fue sorprendentemente bueno: los resultados de lectoescritura, medidos por la prueba Dialect, se triplicaron en tan solo un año. Nada mal, considerando que a nivel nacional las cifras Simce han ido en picada.
Entre las instituciones que actuaron como pagadoras por resultados estuvo Falabella Retail, que se vincula con colegios a través de su programa Haciendo Escuela. Y quedaron muy interesados en el modelo.
“No le habíamos puesto métrica a la inversión de impacto social y en la búsqueda de evidencia para evaluar si los instrumentos que tenemos realmente funcionan, nos encontramos con los CIS. El objetivo de participar fue generar evidencia tanto para nosotros, para evaluar lo que hacemos, y también para generar un insumo de política pública”, explica Malena Marcalle, subgerenta de Sostenibilidad en Falabella, quien describe los resultados como “interesantísimos”.
Asegura que esta experiencia es valiosa no solo para el Estado, sino también para privados que buscan evidencia de que su inversión social tiene impacto real: “Así las empresas pueden pagar solo por lo que resulta”.
“Triplicar los resultados en lectoescritura en un solo año es llegar a la luna en términos de programas sociales. Ahora, en el segundo año, vamos a crecer a 120 colegios y 35 mil niños, lo que es una escalabilidad gigante. Esto va a cambiar la política pública en lectoescritura del país. Sin duda”, añade Rodríguez.
Una solución que podría aplicarse en otros ámbitos: la construcción de viviendas sociales, la reducción de las listas de espera, etcétera.
“Esta es una forma de profesionalizar el aporte que hacen las empresas a la sociedad”, añade Marcalle. Y Rodríguez complementa: “El Estado tiene que abrirse a exigir resultados en todos sus programas, pero sobre todo en educación, donde se está jugando el futuro de todos los niños”.