Chile atraviesa hace ya varios años una situación compleja. El hito más conocido fue el 18 de octubre de 2019. Ese día comenzaron protestas sociales que fueron aprovechadas por grupos violentos y por los políticos de oposición al entonces Presidente Sebastián Piñera (Q.E.P.D.), en un evidente intento por derrocarlo. Un mes después, Piñera firmó un acuerdo que permitió reducir los niveles de agitación, comprometiéndose a llevar adelante un proceso político para una nueva Constitución.
El resultado del proceso constitucional es conocido. Desde mi punto de vista, era totalmente previsible. El Chile de 2019 —y también el de 2023— era y es un país políticamente quebrado. La fragmentación parlamentaria impide contar con mayorías que permitan llevar razonablemente adelante un programa de gobierno. El número de partidos en el Congreso pasó de ocho a 21 en diez años. Además, en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, cunden la frivolidad y el discolaje, es decir, parlamentarios que no siguen ninguna línea que sus partidos pretendan impulsar. Eso impacta directamente al gobierno, que carece de fuerza política para llevar adelante sus iniciativas.
Eso le sucedió a Sebastián Piñera, quien enfrentó una oposición política de una izquierda crecientemente polarizada y divorciada de la centroizquierda tradicional. Esta última, hay que decirlo, tampoco ha hecho mucho por mantenerse como una fuerza política relevante, llena de ambigüedades en sus tomas de postura frente a los planteamientos de la izquierda extrema.
El turno de gobernar le llegó a la izquierda extrema —una combinación de pequeños partidos, del llamado Frente Amplio, y el Partido Comunista— y esta ha tenido que aprender, generalmente a costa de golpes y fracasos sucesivos, que otra cosa es con guitarra. Por de pronto, el gobierno de Boric sufrió una derrota estrepitosa en el plebiscito respecto de la primera propuesta constitucional (62% de los votantes lo hicieron en contra). Pero, además, llegado a la mitad de su período de gobierno, no ha sacado adelante ninguna de sus reformas más emblemáticas. Y será muy difícil que logre hacerlo en los dos años que le quedan. El 2024 es año de elecciones municipales y la labor parlamentaria se verá muy condicionada por las estrategias electorales.
Adicionalmente, es bueno recordar que Chile ha enfrentado desde hace ya una década un fenómeno de migración descontrolada desde otros países latinoamericanos, especialmente de Venezuela. Hoy, aproximadamente el diez por ciento de la población en Chile es inmigrante. La gran mayoría son de escasos recursos, lo cual los hace entrar a competir con los chilenos más necesitados por ayuda estatal. Los programas sociales no dan abasto y todos los días aparecen nuevas ocupaciones irregulares de terrenos en los cuales surgen campamentos sin ninguna infraestructura básica.
En uno de esos campamentos fue encontrado recientemente el cuerpo sin vida de un exmilitar venezolano que había pedido refugio en Chile, afectando gravemente la imagen del país.
Eso nos lleva al principal problema que hoy enfrenta la política en Chile: el de la seguridad. Junto con los migrantes, llegaron a Chile bandas delictuales y mafias que trajeron consigo formas de criminalidad desconocidas en el país. Los asesinatos en las calles y los secuestros extorsivos son pan de cada día. Hasta hace no mucho tiempo, detrás de Canadá, Chile era el país con menor tasa de homicidios en todo el continente americano. Eso es historia: en cinco años, Chile subió su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 4,5 a 6,7.
Todo lo anterior ha impactado fuertemente el escenario económico. Pero no solo eso. Las autoridades del nuevo gobierno, caracterizadas por su actuar ideologizado, no tienen ningún interés en fomentar proyectos de inversión, sea extranjera, sea interna. Los permisos para cualquier nueva obra toman tiempos que hacen cada vez más difícil la planificación financiera. Permisos otorgados son revocados mucho tiempo después, mediante pretextos legales o ambientales. Se instaló como práctica la incerteza jurídica. En la Corte Suprema, la sala especializada en este tipo de materias ha actuado ya hace años con criterios propios y de una manera que muchos califican como activismo judicial, enteramente perjudicial para el crecimiento.
Así las cosas, el país está estancado y hay pocas expectativas de una mejora en las perspectivas económicas hacia adelante. Y con un sistema educacional público destruido, las próximas generaciones tampoco ofrecen muchas perspectivas.
Por ahora no se ven razones para estar optimistas. A menos que rescatemos la sabiduría y el talento demostrado por los chilenos en el pasado no tan lejano, para enderezar el rumbo y encontrar una senda en la que tengamos unidad de propósitos.