Con casi 20 años de trayectoria y con presencia en Chile, México, Colombia, Estados Unidos y España, ALTO es la compañía pionera en Latinoamérica dedicada a la disminución de delitos. Fundada por Jorge Nazer, constituye un aliado estratégico para empresas de diversas industrias, poniendo a disposición su amplia experiencia en la protección de personas, marcas y activos para la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada.

ALTO ha diseñado soluciones con una metodología de trabajo escalable y basada en tecnología, innovación y servicios profesionales con el objetivo de generar un plan de acción a la medida de sus clientes para disminuir los riesgos de su compañía.

Por lo anterior y, en línea con las nuevas tendencias en seguridad y disminución del delito, el equipo legal de ALTO organizó un seminario virtual —instancia de divulgación y sensibilización— sobre el nuevo marco normativo que impactará en el mundo de las empresas privadas.

'Recibimos múltiples solicitudes de empresas que buscaban comprender los alcances de la nueva regulación y ante dicha solicitud, quisimos contribuir a través de un webinar informativo a aquellas compañías que próximamente deberán implementar medidas significativas que les permitan dar cumplimiento del nuevo marco normativo', explica Eduardo Hernández, gerente legal de ALTO Chile.

Tras casi 15 años de tramitación, la ley publicada recientemente llega a modernizar la industria, estableciendo nuevos parámetros que definen el nivel de riesgo que pueden generar ciertas actividades económicas en la seguridad pública.

Para cumplir con la normativa, las 'entidades obligadas' —aquellas empresas o locales que puedan significar algún tipo de riesgo para su entorno y la población aledaña, entre otros criterios establecidos por la regulación— deberán adoptar nuevos estándares de seguridad conforme al nivel de riesgo definido por la Subsecretaría de Prevención del Delito a través de un reglamento complementario al texto de la ley, el que actualmente se encuentra en proceso de elaboración.

Lo anterior requerirá, en muchos casos, la implementación de nuevas tecnologías según los niveles de riesgos que genere cada operación, como dispositivos de reconocimiento facial y lectura de patentes, entre otros.

La necesidad de modernizar la normativa

La nueva ley se presenta como una herramienta más que puede contribuir en la respuesta a un complejo contexto de inseguridad en el país. En octubre de 2023, la encuesta de victimización del comercio elaborada por la Cámara Nacional de Comercio reveló que las cifras de victimización en dicho rubro llegaron a un histórico 61,8%.

'El impacto de esta regulación es fundamental para el mundo empresarial, ya que el 80% de los comercios del país cuenta con seguridad privada. El cumplimiento de este nuevo marco legal implica, necesariamente, nuevas inversiones del sector privado en tecnología, procesos, capital humano y recursos materiales, con la finalidad de garantizar mayor protección a personas, bienes y procesos productivos', explica Hernández.

Agrega que 'durante más de 18 años hemos acompañado a las empresas en la disminución de los delitos, incluso más que el tiempo que demoró esta ley en ser publicada. Durante este proceso, hemos conocido la evolución del comportamiento delictual que afecta al comercio en sus diferentes industrias y los perfiles de quienes cometen delitos. En esa línea, queremos seguir acompañando a las empresas, con soluciones que vayan acorde a los tiempos y a las exigencias impuestas por la ley'.

Dentro de los aspectos más relevantes, se contemplan multas por incumplimientos, las que podrían llegar a las 13.500 UTM —equivalente hoy a más de $874 millones— según la gravedad o incluso la clausura temporal o definitiva.