¡Estamos al límite!, y otras frases similares son las que hemos escuchado reiteradamente en las últimas semanas desde fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que colaboran con el Estado en la provisión de bienes y servicios públicos.
La creciente desconfianza del Estado hacia las instituciones sin fines de lucro ha llevado a una naciente tramitología y discrecionalidad funcionaria que es desmedida. Se pone término anticipado a convenios de colaboración de dos años de antigüedad a días de su vencimiento final, no se recepcionan formalmente rendiciones de gasto que han sido remitidas oportunamente, se exige restitución de fondos de intervenciones sociales que ya fueron documentadas, y en los casos más dramáticos, en los cuales se requiere la continuidad de intervenciones y prestación de servicios personales, se toman meses para encontrar las modalidades contractuales para hacer la transferencia de recursos.
Sabemos que el origen de la desconfianza del Estado hacia el rol colaborador de la sociedad civil se origina en el caso Convenios. También conocemos que la fuente del problema, más allá de un grupo de oportunistas/abusadores, no estuvo necesariamente en la sociedad civil. Tal como lo analizó el informe de investigación de Contraloría sobre Serviu Antofagasta (agosto 2023), la inexistencia de un procedimiento formal de selección; la falta de especificación de las actividades a realizar; la no exigencia de caución; la subdivisión de los proyectos para no requerir de aprobación de Contraloría, y otros aspectos que se originaron precisamente en los términos redactados por el propio Ejecutivo, dio un espacio a que desfachatados aprovecharan la oportunidad.
La 'Comisión asesora para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado' formuló 45 propuestas para abordar los problemas y vacíos detectados en esta situación. Ellas han sido consideradas y monitoreadas con seriedad por parte del Gobierno. Sin embargo, como es lógico esperar, estas conllevan modificaciones legales, reasignaciones presupuestarias, cambios institucionales y otros aspectos que no son de aplicación inmediata.
En el intertanto, se introdujeron algunos elementos en la Ley de Presupuestos 2024 que, más allá de su pertinencia, han inducido a un pánico en los funcionarios y a una evasiva en la toma de decisiones. Al parecer, nadie quisiera tener un atisbo de incertidumbre laboral. Esta situación lleva no solo a un riesgo de término de operaciones de organizaciones que trabajan con niños en hogares residenciales, adultos mayores postrados, personas en situación de calle, sino a una penosa indolencia de la burocracia estatal en desmedro de la población más vulnerable del país.
¿Qué estamos esperando? ¿Estamos esperando un nuevo SLEP de Atacama, en el cual existiendo recursos disponibles no se ejecutaron oportunamente? ¿Estamos esperando que organizaciones que atienden a más de mil adultos discapacitados no autovalentes, los pongan en la calle porque no pueden pagar los sueldos de sus colaboradores? ¿Estamos esperando que en los lugares donde no llega el Estado, como en campamentos y otros nichos de pobreza extrema, sean las bandas de crimen organizado las que los atienden /respondan?
Necesitamos una solución urgente a todos los cuellos de botella y arbitrariedades que se han ido instalando en los últimos meses. El inmovilismo no es una alternativa; debe ser posible revisar si hay espacios de turbiedad en convenios previos, pero a la vez, debe asegurarse la continuidad de los servicios de apoyo a la población más vulnerable, que como país hemos confiado a muchas organizaciones de la sociedad civil.