“Falta de uniformidad”, “poca adecuación a la realidad que se vive actualmente” e incluso un potencial “abandono de deberes”. Esas son algunas de las conclusiones que arrojó un estudio realizado por la Cámara Nacional del Comercio (CNC), junto al Centro de Políticas Públicas de la U. Católica, en el que analizan las ordenanzas con las que 13 comunas de la Región Metropolitana intentan regular el comercio ambulante que las afecta.
Mediante información conseguida vía Ley de Transparencia, actualizada a este mes, se revisaron los instrumentos de comunas en donde la problemática se ha hecho sentir. Los municipios seleccionados fueron Santiago, Estación Central, Independencia, La Florida, Lo Prado, Maipú, Melipilla, Providencia, Puente Alto, Quilicura, Recoleta, San Bernardo y La Cisterna.
Una de las principales alertas que plantea el gremio es que solo tres de ellas —Maipú, La Florida y Recoleta— han actualizado sus ordenanzas principales a los nuevos requisitos que contempla la Ley de Comercio Ilícito (21.426), promulgada en 2022.
Allí, el artículo 5 señala que “las municipalidades deberán establecer en sus respectivas ordenanzas los lugares donde se podrá ejercer el comercio ambulante, las que deberán contener, a lo menos, un sistema único de identificación personal, con registro fotográfico de la persona autorizada para ejercer dicho comercio”.
Incluso, aun cuando hay comunas que han ajustado sus ordenanzas, el estudio asevera que “ninguna municipalidad cumple a cabalidad con establecer un sistema único de identificación personal, con registro fotográfico”.
María José Rojas, una de las autoras del estudio y asesora legal de la CNC, señala que “debemos tener en cuenta que las municipalidades, como ente público, están obligadas a cumplir lo que se establece en la legislación y podríamos estar hablando incluso de que hay un abandono de deberes. La Contraloría en algún momento se refirió a esto y creemos que es momento de que las municipalidades vuelvan a ser revisadas”.
César Rojas, prosecretario y director del Centro de Gestión y Liderazgo de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), reconoce que, “en general, los municipios tardan en ir actualizando las ordenanzas de distintas materias”.
En el caso del comercio ilícito, sostiene que “si esa ley contempla nuevas obligaciones para las municipalidades, estas tienen que traspasarlas a las ordenanzas respectivas o generar la ordenanza si es que no la tenían. Pero si no lo hacen, ello no da para un notable abandono de deberes, porque no es de la máxima gravedad”.
“Lo más grave es que no se fiscaliza”
Otra de las preocupaciones que advierte la CNC en el informe tiene relación con la “falta de uniformidad” en cuanto a la definición de este tipo de comercio, ya que algunas ordenanzas hablan de una actividad que se realiza puerta a puerta y otras solo señalan que es un negocio que “no se mantiene de forma permanente en un solo lugar”.
Manuel Melero, presidente del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad del gremio, cree que “hay mucho desorden normativo entre las municipalidades. Hay falta de coherencia y todas entienden algo distinto sobre el comercio ambulante y, en general, lo que entienden es de una lógica que ya no existe (…). Pero lo más grave es que no se fiscaliza”.
El análisis también advierte de la ausencia de regulación en lo que respecta al subsuelo comunal como una de las falencias en las ordenanzas, que no está incluida en ninguna de las estudiadas, dada la proliferación de este tipo de vendedores ilegales en las estaciones de metro.
METRO
Ninguna comuna estudiada regula lo que ocurre en el subsuelo, donde están las estaciones.