Una gran mayoría de los consultados respalda la aplicación de la ley antiterrorista a grupos que usan la violencia (74%), además de dar su visto bueno a una medida de seguridad como el control de identidad preventivo (74%), un incremento de 3% y 5%, respectivamente, respecto de la anterior edición.
Además, se observa una disminución significativa en el apoyo a que se reponga la pena de muerte por crímenes graves (56%) en relación con los resultados de 2019 (63%).
Pero de los resultados de la encuesta saltó un dato preocupante: la 'intolerancia cancelatoria', como la califica el investigador Roberto Méndez.
El 70% de los consultados cree que a la persona que declaró rechazar por su forma de pensar (en una pregunta previa), no se le debería permitir ser profesor de enseñanza básica, un incremento de 5%, significativo de esta tendencia respecto de versiones anteriores, agrega.
Y la mitad de los consultados no estaría dispuesta a dialogar sobre problemáticas sociales con la persona a la que rechazó por su forma de pensar, incrementando de 45% a 50%, mientras que 26% lo estaría mucho o bastante.
'Nos encontramos con una población inesperadamente más intolerante de lo que habíamos pensado', afirma.
'Es como una cancelación, o sea, es una intolerancia cancelatoria (...) Que no sean profesores, que no escriban, que no se manifiesten, que no tengan cargos públicos. Eso nos habla de una sociedad intolerante', lo que dificultaría el diálogo.
Respecto de las causas, plantea que 'la sociedad está atemorizada, está asustada por determinadas formas de violencia. Es bien preocupante también como fenómeno. Nos llama mucho la atención. Y es una mala noticia'.