Múltiples son las consecuencias que tiene el aumento de la delincuencia en la calidad de vida de la población, especialmente en segmentos como el conformado por los adultos mayores, a quienes la inseguridad afecta de manera decisiva, no solo alterando su salud mental, sino también restringiéndolos en sus hábitos cotidianos, como pasear o asistir a actividades sociales.
Los resultados de la Encuesta Bicentenario UC evidencian el impacto que la inseguridad está teniendo en la ciudadanía. El 51 por ciento declara sentir miedo al caminar de noche por su barrio o población, porcentaje que en 2019 era del 42 por ciento y que sube aún más en el grupo etario mayor. La carta que hiciera llegar a este diario el presidente de la Unión Nacional de Pensionados, pidiendo 'clemencia' a los delincuentes con los mayores, ya que estos no ejercen resistencia al ser asaltados, devela una lógica de naturalización del delito frente a los sucesivos casos de asaltos y robos. A propósito de ello, inevitable es recordar el debate que causara la declaración de una diputada, quien, luego de sufrir la sustracción de su teléfono en la vía pública, afirmara que había sido error suyo usar el dispositivo en la calle.
Esta sensación de inseguridad generalizada es uno de los factores que incide en el deterioro de la salud mental de la población, ya muy afectada luego del encierro obligado por la pandemia. Si bien el Presidente y su gobierno han reiterado su preocupación al respecto, el contexto de inseguridad que enfrenta la ciudadanía no ha ayudado a avanzar en este aspecto de salud pública. Según expertos del área, muchos cuadros de estrés de los pacientes que acuden a pedir ayuda obedecen a situaciones vinculadas al temor de ser víctimas de un delito o a la experiencia de haber sufrido ya acciones violentas. Especial gravedad reviste este estado mental en los mayores, ya que el temor a salir a la calle y socializar ahonda una sensación de aislamiento que contribuye a la persistencia del cuadro de ansiedad.
Este cambio de rutina forzado por el ambiente de inseguridad está afectando de manera significativa la calidad de vida de muchos sectores de la población, expresándose en una transversal desconfianza social. Según la misma Encuesta Bicentenario UC, solo el 19 por ciento cree que se puede confiar en la mayoría de las personas, y el 61 por ciento de los mayores de 55 años expresa estar muy en desacuerdo con esa afirmación. Este porcentaje sube en el caso del nivel socioeconómico bajo, lo que evidencia la vulnerabilidad de la cohesión social. Y es que si bien la confianza social no es una característica robusta en América Latina en comparación con países europeos y Estados Unidos, la sociedad chilena experimenta un estancamiento en esta materia que puede incidir en el debilitamiento del diálogo y la convivencia, pilares del sistema democrático.
Un discurso aún ambiguo —y contradicho por sus propias actitudes en el pasado— por parte de algunas autoridades debilita la credibilidad respecto de la implementación de acciones concretas que se traduzcan en un retroceso efectivo de la percepción de inseguridad —la que llegó a más del 90 por ciento el año pasado, según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana—, persistiendo una sensación de temor que corroe la vida en comunidad.